El diputado Juan Irarrázaval afirmó que tienen “sospechas” de que puede haber existido un encubrimiento por parte de dicho partido en el caso.
El diputado Jorge Alessandri (UDI) cuestionó que todavía no haya responsables políticos por el caso y afirmó que solamente han salido “autoridades administrativas”.
A casi un mes desde que explotó el Caso convenios, diputados del Partido Republicano solicitaron al Juzgado de Garantía de Antofagasta que se excluya a Revolución Democrática como querellante en el proceso.
La Fiscalía investiga eventuales delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en nueve regiones del país producto del traspaso de recursos estatales a fundaciones, luego de que se destaparan situaciones de este tipo entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ambas dirigidas por militantes de RD.
Al respecto, el diputado Juan Irarrázaval (Republicanos) señaló que "tenemos sospechas de que puede haber habido un encubrimiento institucional de parte de Revolución Democrática o de alguno de sus dirigentes".
"Por lo tanto, la investigación podría verse comprometida con la condición de ellos como querellantes", añadió el parlamentario opositor.
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) se refirió a la necesidad de establecer responsables políticos por el caso y cuestionó que "¿quién ha salido del Gobierno? Seremis y subsecretarios, o sea, autoridades administrativas, lo que se llama jefe del servicio. Responsabilidad política: ninguna. Responsabilidad por el que pensó esta forma de defraudar al Fisco: ninguna".
GOBIERNO DEL BIOBÍO INGRESÓ ANTECEDENTES SOBRE FUNDACIONES
En tanto, en las últimas jornadas el gobierno regional del Biobío ingresó los antecedentes y la documentación requerida, esto en el marco de las investigaciones a las fundaciones Horizonte Ciudadano, En Ti y Pro Cultura.
Asimismo, en la Región de La Araucanía se investiga al gobernador Luciano Rivas por eventuales irregularidades en un convenio entre la gobernación que este último dirige y la fundación local cuyo representante legal es cercano a Rivas.
En esa misma línea, ayer también tuvo su primera sesión la Comisión Asesora para la regular la relación entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, que busca entregar recomendaciones para asegurar una mayor eficacia y transparencia.
"YO SACARÍA A TODOS AQUELLOS QUE TIENEN ROL DE ACCIÓN POLÍTICA"
En conversación con Cooperativa, el senador Juan Luis Castro (PS), señaló que espera que las fundaciones que hayan participado en campañas políticas no puedan recibir recursos del Estado en "áreas sectoriales".
"El Gobierno está dando pasos, que yo los valoro porque tener esa Comisión de Expertos me parece que coloca un estándar más alto. Yo sacaría a todos aquellos que tienen rol de acción política, los que estuvieron en el Apruebo, en el Rechazo (durante el Plebiscito de 2022). Ninguna de ellas debiera estar en áreas sectoriales tan específicas como Vivienda, Educación u otras", sostuvo el senador.
"La limpieza tiene que hacerse también desde el Estado, no sólo la Justicia, y todas las reparticiones regionales a todos aquellos agentes que, estando contratados en el Estado, tienen, promueven o están cerca de fundaciones que están postulando o ya recibieron dineros del Estado para determinados proyectos y que no tienen la expertis suficiente", agregó el parlamentario.
También valoró las ocho medidas propuestas este martes por el Contralor General de La República, Jorge Bermúdez, para abordar la fiscalización del organismo en el traspaso de recursos fiscales mediante convenios.
Este viernes también comenzó a correr el plazo de 30 días para que la Fundación Democracia Viva restituya más de 391 millones de pesos al Estado, equivalentes al 92 por ciento de los recursos asignados.
