El Juzgado de Garantía de Concepción continuará mañana jueves la audiencia de formalización contra los cinco detenidos por la arista lencería del caso convenios en la Región del Biobío, entre los que se encuentran Camila Polizzi, Sebastián Polanco y dos funcionarios del Gobierno Regional.
Esta jornada se llevó a cabo el control de detención y la formalización de cargos, sin embargo, se determinó que continuará a las 10:00 de la mañana de este jueves, cuando se prevé se determinarán las medidas cautelares y plazos para la investigación.
Por lo anterior, Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco y los exfuncionarios públicos Simón Acuña y Rodrigo Martínez pasarán la noche en la cárcel con resguardo de Gendarmería.
Según adelantó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, se solicitará la medida cuatelar más gravosa, que es la prisión preventiva, aunque no adelantó para cuáles de los imputados.
DEFENSA REPROCHA ACTUAR DE LA FISCALÍA
La formalización se realizó por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos por el caso del traspaso de 250 millones de pesos a la Fundación En Ti, dirigida por Polizzi y su expareja Sebastián Polanco y su hermano Diego.
Mientras que a los funcionarios públicos, Simón Acuña, quien era jefe de división de Desarrollo Social Humano, y Rodrigo Martínez, administrador regional, se les imputarán el delito de fraude al fisco, debido a su presunta colaboración para facilitar la millonaria suma a la fundación.
El defensor penal público Pablo Ardoin, a cargo de la defensa de Polizzi, reveló que los últimos cinco tomos de la investigación los recibió ayer, y que "anteriormente, el 23 de noviembre, habíamos recibido 13 tomos", por lo que reclamó que estos cinco tomos "produce perjuicio a la defensa para poder revisarlo. En su momento, cuando haya el debate, veremos si presentamos algún tipo de solicitud ante el tribunal".
En tanto, sobre la formalización de su representada, dijo que "creemos que todos estos problemas que están consultando se podrían haber evitado si esto, como en situaciones similares, el Ministerio Público hubiera presentado una solicitud de formalización y se hubiera fijado una fecha para la audiencia, como se hace en otras causas y en otras causas de público conocimiento".
OTROS IMPUTADOS
Además, la fiscal Cartagena declaró que "todas las personas que fueron nombradas como imputados y que no estuvieron acá, el día de hoy se introdujo una petición para que sean citados a audiencia de formalización. Se hizo así respecto de ellos porque, en cuanto a su situación procesal, no se van a solicitar las mismas cautelares que sí se van a solicitar respecto de las cinco personas que se pidió orden de detención".
En concreto, la Fiscalía decidió separar en dos grupos a los imputados: a los que comparecieron hoy se les va a pedir las medidas cautelares más gravosas, mientras que a un segundo grupo se pedirá medidas de menor intensidad.
Entre los imputados nombrados hoy por la Fiscalía están Matías Godoy, quien se autodenunció por el mal uso de recursos públicos; Tamara Vidal, funcionaria del Gobierno Regional que termina destapando el caso convenios; Eduardo Quezada, representante legal de la consultora EQOS, que ejecutó algunos talleres con la Fundación En Ti.
En tanto, pese a que se nombró varias veces al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, en calidad de imputado, se ratificó que no estará en la formalización.
La causa, que cuenta con 12 tomos de más de 6.000 páginas, aborda cómo la Fundación En Ti fue "arrendada" con el fin de cumplir con el requisito de dos años de antigüedad para adjudicarse un proyecto de capacitación ciudadana en el barrio norte de Concepción. Sin embargo, no se ejecutó como estaba planeado y tampoco existe mayor evidencia de que se haya realizado en su totalidad.
CONVENIO FUE SUSCRITO CON FIRMA FALSIFICADA
En la audiencia llamó la atención un nuevo antecedente liberado por la Fiscalía, relativo a que el convenio del GORE con En Ti fue suscrito con una firma falsificada que debía corresponder a Gerardo Silva, dueño de la ONG que fue "arrendada" por Polizzi.
"He tomado conocimiento en las últimas horas", dijo el gobernador Rodrigo Díaz.
"Yo recibí algunos contratos con firma electrónica, y los firmé. Uno confía en la gente que hace las cosas, particularmente porque las cosas que llegan a firma mía vienen con una multiplicidad de visados anteriores. Hay gente que hace trampa, y por eso el ordenamiento jurídico establece la forma de perseguirla, y yo espero que eso ocurra. Tengo la peor impresión de la señora Polizzi y sus otros acompañantes", comentó.
Asimismo, en la audiencia el Juzgado determinó excluir como querellante al Gobierno Regional del Biobío, tras la solicitud realizada por la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Gisella Inostroza, quien apuntó a la "sobrerrepresentación" del Estado en la causa pues, hasta la decisión del magistrado, era representado por el CDE y también el GORE.
