Los diputados Andrés Celis (RN) y María Luisa Cordero (ind-RN) interpusieron una denuncia este sábado ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, en torno a la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte del Municipio de Santiago.
Los parlamentarios, ambos miembros de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, pidieron al líder del Ministerio Público ahondar en la investigación, analizando la posible configuración del delito de sustracción de caudales públicos.
"Se ha comunicado que otro de los reparos que se ha planteado al actuar de la Ilustre Municipalidad de Santiago y a su alcaldesa, es que no se habría dado lugar al debido cumplimiento de las obligaciones que en materia de lobby le corresponden a dicha entidad", indicaron los diputados en la denuncia, aludiendo a lo acusado por la Inmobiliaria San Valentino.
Además, señalaron que "se ha detectado que parte de las reuniones sostenidas en el contexto de las negociaciones que dieron lugar a la celebración del contrato de marras, no habrían sido registradas en concordancia con la normativa vigente en la materia".
"JUGAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS ES UNA IRRESPONSABILIDAD"
El diputado Celis indicó que "el Código Penal sanciona a los empleados públicos por abandono o negligencia permitan la sustracción de caudales públicos y, por lo mismo, corresponde que los funcionarios que participaron en este posible delito, y la propia alcaldesa (Irací) Hassler, sean investigados y eventualmente sancionados".
"No podemos permitir que los recursos públicos se pierdan con la facilidad en que la Municipalidad de Santiago quería pagar un precio inflado e injustificado", subrayó el parlamentario.
Por su parte, Cordero señaló que "es necesario investigar la probidad en los actos administrativos" detrás de la fallida compra, y que las indagaciones "deben ser llevadas por una entidad externa, como lo es el fiscal nacional, por los claros resultados de la investigación en la Contraloría, en los que señala vicios en el procedimiento".
"En el tiempo que vivimos, jugar con la credibilidad de la política de los organismos públicos y de la correcta administración de sus fondos, es una irresponsabilidad que debe ser investigada y penada", cerró la diputada.
El pasado 13 de abril, la Contraloría objetó, debido a su alto precio "injustificado", la compra de la exclínica Sierra Bella, y declaró además que ni siquiera "procede" legalmente la implementación de una "Clínica Municipal".
