La mesa de trabajo de la Fiscalía en torno al caso Convenios, instancia que conforman los persecutores regionales a cargo de las investigaciones, sesionó la mañana de este jueves, tras la cual el ente dio a conocer un balance de la causa.
Hasta la fecha, el Ministerio Público indaga a 32 fundaciones en 11 regiones del país, casos que son llevados por 10 unidades regionales y que por ahora, no se unificarán.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que las transferencias se hicieron "principalmente" desde Gobiernos Regionales (GORE), "sin perjuicio que también hay transferencias desde algunas Seremías (Secretarías Regionales Ministeriales)".
Según el jefe de los persecutores, la gran mayoría de las fundaciones es de "muy reciente creación" y fueron constituidas "bajo el amparo de la ley vigente, que es menos exigente que la ley antigua".
Por otro lado, Valencia indicó que el total de recursos traspasados en condiciones presuntamente irregulares sigue en evolución, cuando hace unos días se hablaba de alrededor de 15.000 millones de pesos.
En cuanto al actuar de los implicados en la causa, el líder del ente persecutor dijo que "la expresión 'mecanismo' es ambigua; yo no quisiera emplearla ante la prensa, porque se ha (hecho) en casos de corrupción en el extranjero, y no quisiera que pudiera ser una analogía, pero no cabe duda de que ciertos asuntos que estamos investigando tienen ciertos rasgos comunes evidentes".
Valencia además reconoció que existe un "amplio espectro de ilícitos que eventualmente podrían haberse cometido" en este marco, como "algún fraude al fisco, alguna malversación, tráficos de influencias y negociaciones incompatibles", mas "de momento preferiría no ahondar sobre el particular hasta que no se hayan esclarecido suficientemente los hechos".
CONVENIOS ILEGALES EN LOS LAGOS
Respecto a los 22 convenios visados por el Gobierno Regional de Los Lagos que fueron declarados ilegales por la Contraloría, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, aclaró que esa resolución "dice relación con bases de un tema administrativo".
No obstante, admitió que "para el Ministerio Público es bastante interesante, porque genera alarmas y observaciones que son antecedentes necesarios para una eventual investigación de carácter penal. Es ahí en donde toda nuestra fuerza a va a estar, precisamente para determinar qué hecho delictual pudiese eso constituir".
Al igual que el fiscal nacional, Campos reafirmó que "se están indagando hechos que revisten carácter de delito, por eso es que ponerle el apellido de 'defraudar' todavía es apresurado. Estamos indagando si estamos frente, por ejemplo, a una malversación o un fraude al fisco. Ahí pudiésemos hablar de dineros defraudados".
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