Andrés Jouannet criticó que en una primera instancia la cartera no permitiera el ingreso de la PDI a sus oficinas.
El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) cuestionó que el Ministerio de Desarrollo Social, en primera instancia, no permitiera que de forma voluntaria la PDI resguadara la posible evidencia que se podría encontrar en las dependencias de la cartera por el caso convenios, en la arista de la Región de La Araucanía.
Mientras Carabineros realizaba pericias en el edificio por el robo de 23 computadores y una caja fuerte, el jueves pasado llegó al lugar la Brigada de Cibercrimen de la PDI para llevar a cabo la orden de la Fiscalía en torno al traspaso de dineros desde Conadi hacia la fundación "Chikawal Limitada".
Ese jueves, personal de Tecnología e Información del Ministerio no permitió la acción de la policía por lo que recién la noche del viernes la PDI pudo ejecutar el resguardo de información tras obtener una orden judicial.
Jouannet, quien denunció la transferencia de más de 400 millones de pesos en La Araucanía, cuestionó la actitud del Ministerio remarcando que "me parece una vergüenza el que no se les haya entregado la información a los funcionarios de la PDI en un primer instante y se haya tenido que esperar una orden de un juez".
"La pregunta es: ¿Se quiere o no se quiere colaborar? Esto es responsabilidad del ministro Giorgio Jackson, él sabía perfectamente que iban los funcionarios de la PDI, por tanto, es su responsabilidad. ¿Qué se protege? ¿qué se esconde?", agregó el parlamentario.
Sobre las polémicas en torno al Ministerio dirigido por Giorgio Jackson, la directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, manifestó a El Diario de Cooperativa que es muy relevante la información que se le brinde a la ciudadanía respecto a todo lo que se vaya desarrollando con el caso, para ir tratando de mitigar un poco esa desconfianza inicial que siempre se da por esta crisis de confianza".
"Para la ciudadanía en una crisis de desconfianza tan grande, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y que no pase nada en los dos ámbitos: en el ámbito de la investigación, en el ámbito judicial, pero también en el ámbito de generar aquellos cambios para que este tipo de debilidades institucionales puedan ser aprovechadas por quienes quieran abusar de ella y llevarse los recursos estatales", añadió Jaraquemada.
El exministro de Desarrollo Social del Gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, comentó que "cuando uno ve estos procesos, y lo que hemos visto hoy día, y donde la interpretación es: ¿qué es lo que pasó aquí?, demuestra los grados a los que estamos llegando de dificultades para poder trabajar en conjunto como un país que tiene divergencias pero que tiene que tener confianza".
Asimismo, el diputado Álvaro Carter (UDI) anunció un proyecto de ley que incorpora como infraestructura crítica a los edificios ministeriales, esto debido a la vulnerabilidad que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social frente al robo.
Frente a las críticas, el Ministerio aseguró mediante un comunicado que "ha mostrado total disposición a entregar toda la información y antecedentes requeridos".
A la vez, especifica que "se ha convenido con el fiscal a cargo que por aspectos técnicos (envergadura y complejidad) y de oportunidad en la entrega, se pudiera precisar por dónde partir la entrega de la información".
"Así se ha realizado en diversas instancias, y últimamente con información requerida vinculada a investigaciones sobre convenios con fundaciones u otros organismos colaboradores, donde el Ministerio ha aportado de manera proactiva información y antecedentes a la Fiscalía y Contraloría", agrega el escrito.
Al cierre, la cartera reafirma que los datos de millones de chilenos y chilenas no están alojados en dispositivos como computadores personales de los funcionarios, sino que se encuentran bajo resguardo en bancos de información y servidores "con protecciones físicas y lógicas para impedir el acceso indebido de personas no autorizadas".
