Fue imputada junto a otros 10 exmilitantes de Comunes por irregularidades en su campaña a gobernadora regional metropolitana.
Con iguales medidas cautelares quedaron su expololo Jorge Ramírez -extimonel de la colectividad frenteamplista- y Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva.
El tribunal fijó en 100 días el plazo para la indagatoria.
La exmilitante del partido Comunes Karina Oliva llegó hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago este miércoles para ser formalizada en calidad de autora por el delito de fraude de subvenciones, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur por irregularidades en la rendición de cuentas de su fallida campaña a gobernadora de la Región Metropolitana, en las elecciones de mayo de 2021.
La cientista política fue formalizada junto a su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez; Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva del partido; y el exadministrador electoral Martín Miranda.
Tanto Oliva como Ramírez y Ríos quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, al igual que Miranda, a quien también se le suma la firma semanal.
En el caso de Miranda, según explicó el fiscal Milibor Bugueño, "él comete un delito que solamente puede cometer el administrador electoral, que dentro del artículo 31 de la Ley de Financiamiento y Gastos Electorales sanciona al administrador electoral que proporciona antecedentes falsos para una candidatura".
El listado de imputados lo completan Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez, Diego Corvalán Pérez y Ailine Ramírez Amaro, todos exmilitantes de Comunes.
De estos últimos, Sanhueza, Robledo, Riffo, Castillo, Romero y Ramírez fueron calificados como coautores del delito consumado y frustrado de fraude de subvenciones. Todos ellos quedaron con firma mensual.
En tanto, Corvalán quedó sin medidas cautelares, mientras que Flores no compareció tras no ser notificado.
A la salida del tribunal, Oliva alegó inocencia y dijo que es víctima de una persecución política.
"Muchas veces me lo he preguntado, porque no entiendo por qué, y espero que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede del partido en que yo era militante, que fue 48 horas antes de la elección a senadora (en noviembre de 2021), que nunca había ocurrido en democracia", aseguró.
"El Servicio Electoral ha sido contundente en decir que la cuenta está aprobada, que está en regla, que está en norma, que sólo tuvo problemas el administrador electoral de impericias y no de actos dolosos", agregó.
Por su parte, Ramírez calificó de irrisorios los cargos que se le imputan: "A mí se me acusa de una cuestión que es imposible. Se dice que yo, con dos o tres personas más, definíamos los candidatos y las candidatas. Yo quiero recordar que Karina Oliva es candidata porque ganó una primaria, no porque yo la haya nominado. Eso parece que se les olvidó a algunos".
"Segundo, que los candidatos y las candidatas los nomina y los denomina el consejo general de los partidos políticos, no los presidentes. Y, de hecho, quien firma es la secretaria general del partido con el resto de los presidentes y secretarios generales de los partidos, por tanto, sería ilógico. Tendrían que estar todos los presidentes y todos los secretarios generales de los partidos del pacto metidos en esto", añadió el extimonel.
Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, el abogado Cristián Ramírez sostuvo que "aquí existen antecedentes que dicen relación con delitos que constituyen perjuicio al erario público, al fisco, al Estado, y, en consecuencia, hoy estamos en esta audiencia haciendo valer nuestros antecedentes".
"El Consejo presentó querella por el delito de fraude de subvenciones, que va en la misma línea de la formalización que hoy día hemos escuchado del Ministerio Público y cuyos antecedentes se están exponiendo en la audiencia", destacó.
El tribunal fijó 100 días de plazo para la investigación para que la fiscalía acredite el delito que de fraude de subvenciones.
