Aunque se manifestó esperanzado por las "lecciones" que dejará el caso Convenios para el país, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no se mostró tan convencido respecto del impacto del destape de este escándalo en la eventual reforma tributaria.
Consultado sobre su posible efecto en la tramitación del pacto fiscal durante actividades en el Biobío, el secretario de Estado consideró que "va a influir; la pregunta es si va a influir positiva o negativamente".
"Creo que en Chile hemos tenido capacidad para aprender de nuestros errores cuando ha habido episodios como estos. Pensemos, por ejemplo, que estamos celebrando 20 años desde la creación del Servicio Civil, de ChileCompra y del Registro de Receptores de Fondos Públicos. Todo eso fue producto de los acuerdos Insulza-Longueira a raíz del MOP-Gate", reflexionó.
El responsable de la billetera fiscal admitió que "en este caso, nos hemos visto enfrentados a situaciones muy complejas, muy decepcionantes, pero si sacamos las lecciones adecuadas, vamos a dar un paso adicional en la calidad y transparencia de nuestra gestión pública".
Marcel desayunó este viernes con empresarios del Biobío para detallarles el avance de las negociaciones del pacto fiscal, quienes le pidieron certezas para definir prontamente las inversiones que tienen previstas.
OPOSICIÓN INSISTE EN SANCIONES PENALES Y POLÍTICAS
Aunque ya están en curso los 30 días que tiene la Democracia Viva -fundación que dio inicio al escándalo de los casos convenios- para devolver los dineros al Minvu, desde la oposición insisten en que esto no es suficiente: piden sanciones penales y políticas para los responsables.
"Restituir los dineros es lo mínimo. En cualquier juicio a una persona que causó daño patrimonial se le pide que lo resarce; es decir, que pague aquello que hace que la otra parte quede indemne", detalló el jefe de banda de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez.
Según el parlamentario, "para la justicia eso nunca es suficiente", por lo que "se requiere un castigo".
"Las personas que intentaron defraudar al fisco deben ser sancionadas penalmente y aquellas personas que nombraron a los seremis y que nombraron a las personas que hicieron estos contratos deben ser también castigadas políticamente", puntualizó.
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN POR LA TRANSPARENCIA
Durante este viernes se realiza la primera sesión de la Comisión Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y el Estado, órgano asesor impulsado por el Gobierno para establecer nuevos parámetros de probidad y transparencia en la entrega de recursos públicos a fundaciones.
El equipo de especialistas, que tendrá un plazo de 45 días para poder entregar propuestas en torno a cinco objetivos específicos, estará dirigido por María Jaraquemada, directora de Chile Transparente.
El órgano también está formado por Ramiro Mendoza, excontralor de la República; Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia (CIPyT); Jeannette Schiess von Wolfersdorff, miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA); Francisco Agüero, profesor de Derecho de la Universidad de Chile; e Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Sobre los detalles de esta primera sesión, Jaraquemada dio cuenta que "nos falta todavía tener el diagnóstico completo, pero efectivamente, siempre hay espacios de opacidad, de discrecionalidad. que uno tiene que tratar de reducirlos, no eliminarlos del todo, porque uno también elige sus representantes para que tomen decisiones".
"No todo es mecanizado, por así decirlo, pero efectivamente ahí donde veamos que hay mucha discrecionalidad o mucha opacidad, intentaremos hacer propuestas para darle mayor transparencia y rendición de cuentas", analizó la experta.
Jaraquemada señaló también que aún no hay conclusiones, ya que durante la primera etapa se realizará un diagnóstico y un proceso de escucha de distintos actores e instituciones, para luego entregar propuestas para mejorar la relación entre las fundaciones y el Estado.
La Comisión tiene un plazo de 45 días para entregar propuestas y recomendaciones de cambios a las políticas públicas para mejorar la transparencia y probidad.
