"La fiscal Chong está muy marcada políticamente", planteó la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que puede haber sido una "decisión precipitada" por parte del INDH.
La oposición insistió en que existen motivos políticos detrás de la decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de presentar una querella por el caso "Operación Topógrafo", que apunta al exministro Mario Desbordes (RN).
Esta acción, según el organismo, se apoya en las conversaciones vía WhatsApp del exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, quien es investigado para presuntamente intervenir ilegalmente en el nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien debe resolver la competencia del denominado "caso conscriptos".
Entre las conversaciones por WhatsApp que tenía Poblete, existen varias con el exministro de Defensa Mario Desbordes, para presuntamente favorecer la postulación de Letelier.
El diputado Andrés Longton (RN) dijo que "hay una relación o una comunicación indirecta respecto a si eventualmente podría haber un apoyo. Eso habría que determinar, obviamente está en investigación en la Fiscalía, uno lo puede criticar o puede tener una opinión".
"Yo creo que por lo menos el contenido que he podido ver yo de las conversaciones del ministro de la Corte con el exministro Desbordes, la verdad es que yo no lo veo tan dramático ni tan terrible en relación a como se realizan los nombramientos, que tienen que tener un revestimiento político", sostuvo.
La carta presidencial de Chile Vamos y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), comentó que "a mí lo que me interesa es que el tema se esclarezca, pero que se esclarezca antes de las elecciones, pero la forma en que todo esto salió sí lo más probable es que hayan móviles políticos, no me sorprendería en absoluto viniendo de dónde viene".
"Nadie duda a estas alturas que la fiscal Chong está muy marcada políticamente", insistió.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que "no nos podemos hacer cargo de las acusaciones del señor Desbordes, él tendrá que hacerse cargo de las hipótesis que tiene y de las acusaciones que, en general, son graves; no respecto solo del INDH, sino que también respecto a una fiscal, que ha sido también sujeto de críticas. Y frente a esto, como en otros casos, hemos dicho que hay que respetar a las instituciones, tanto al Ministerio Público que hace su trabajo en la persecución del delito, como también a la justicia".
La diputada Camila Musante (Ind-PPD) apuntó a la mecesidad de modernizar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, para evitar que se repitan casos como éste.
"Realmente es de una hipocresía tremenda. Ellos dicen 'en el despacho de la fiscal Chong, esto contamina la Justicia'. ¿Saben qué contamina la Justicia? Que existan exministros de Estado nombrando a ministros de Corte Suprema a dedo, porque eso es lo que realizó eventualmente el exministro Mario Desbordes, de eso se trata este caso verdaderamente", cuestionó.
Sobre una posible acusación en contra de Letelier, el diputado Marcos Ilabaca (PS) comentó que "esto es un tema que también hemos conversado al interior de la bancada, yo creo que efectivamente se configuran todas las causales para que esta ministra pueda ser acusada constitucionalmente".
"El problema aquí es un tema de tiempo, ella termina su mandato en pocos meses más, por lo tanto llevar adelante todo el movimiento constitucional para poder llevar adelante una acusación de estas características, creo que hay que meditarlo con mayor profundidad", aseveró.
Desde Chile Vamos buscarán remover a los consejeros del INDH que apoyaron la acción judicial, basados en la tesis de que no está dentro de sus facultades presentar querellas por estos hechos.
Esta situación también fue reparada desde Alemania por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien sostuvo que "las competencias del Instituto están legalmente acotadas en materia de delitos funcionarios, y yo creo que para estos efectos lo importante es focalizarse en la decisión que debiera adoptar ahora o más adelante el Consejo de Defensa del Estado sobre este caso en particular".
"Mi impresión es que pudo haber sido una decisión precipitada, pero es una decisión que le corresponde al Consejo, no al gobierno", puntualizó la autoridad.
