La necesidad de "esclarecer los hechos" y respetar "la igualdad ante la ley" es la postura transversal de parlamentarios de diversos sectores previo a la formalización del abogado Luis Hermosilla, que el próximo miércoles 21 de agosto enfrenta a la justicia acusado de los delitos de cohecho, lavado y delitos tributarios.
La posición parlamentaria se da tras conocerse las declaraciones del cuestionado penalista al Ministerio Público, en la que detalló su relación con el empresario Daniel Sauer -en prisión preventiva junto a su hermano Ariel por el caso Factop- y la co-imputada Leonarda Villalobos, su posible participación en el lavado de activos y su injerencia en la defensa de Andrés Chadwick en la acusación constitucional de 2019.
Respecto al caso del exministro, Hermosilla reveló -según informó La Tercera- que Sauer "actuó como intermediario" para pagar 30 mil euros a Kai Ambos, profesor alemán que realizó unos informes en derecho por la acusación constitucional, una intervención que es cuestionada desde el Congreso.
"Daniel actuó como intermediario únicamente y estos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quien en definitiva se hizo cargo de este gasto", explicó.
Asimismo, en su declaración descartó que de su parte "exista un lavado de dinero", dando cuenta que "no he ocultado dineros ni bienes provenientes de ningún delito, ni mucho menos, me he aprovechado de actividades delictivas, en primer lugar, porque si efectivamente hubo, no tuve conocimiento de la existencia de estas".
Los cuestionamientos en el Congreso
Las declaraciones de Hermosilla tuvieron rápida reacción desde el Congreso, con una mirada transversal de preocupación y la necesidad de aclarar todo lo sucedido respecto a este caso, sobre todo por su arista política.
"Me parece importante a vista de los trascendidos y el daño que se ha hecho a la fe pública los antecedentes develados, que la Fiscalía resuelva proceder con las investigaciones y esclarecer los hechos. Estamos hablando de eventuales hechos constitutivos de delitos que involucran a personeros vinculados a poderes del Estado. Por ello se debe llegar hasta el final de las investigaciones resguardando siempre la presunción de inocencia", afirmó a La Tercera el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas).
Por su parte, su par Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile, consideró que "se tiene que aclarar absolutamente todo, porque lo que está hoy en entredicho es la credibilidad de nuestro sistema judicial".
En tanto, el diputado Eric Aedo (DC), segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, puso el foco de su crítica en que "el propio Sauer pagó la defensa del exministro Chadwick dentro de la acusación constitucional", lo que le "parece gravísimo".
"¿Qué sucedió en el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Cuales son los lazos entre la política de la derecha y empresarios vinculados a casos de corrupción? ¿Cómo opera esta red? Creo que las declaraciones de Hermosilla abren una interrogante enorme respecto del uso o de la combinación entre cierto poder económico y obviamente la política, pero no para pensar en el bien del país, sino para influir en la política y generar mayores niveles de desconfianza", cuestionó el parlamentario.
Asimismo, la parlamentaria Marlene Pérez (IND-UDI), afirmó que "no podemos permitir que los actos de corrupción socaven la institucionalidad del país. Nadie esta por sobre la ley y si se definen responsabilidades, se deben aplicar las penas que correspondan".
El diputado Stephan Schubert (Republicanos) indicó al medio antes citado que esto es "una oportunidad para que nos tomemos enserio el debido proceso y la igualdad ante la ley".
Finalmente, Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que "la declaración de Hermosilla está cargada de incongruencias. Pareciera que no fuera la misma persona de los audios. Sólo habría 'recomendado' pagar la coima adeudada y además juntar 100 millones de pesos para pago de coimas".
