El fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, inició pesquisas por presuntas irregularidades en las gestiones de la Subsecretaría de Vivienda y de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, en relación con traspasos a fundaciones.
Según reveló La Tercera PM este jueves, se trata de un oficio que recibió el persecutor la última semana de noviembre por parte de la Contraloría, en el que -dando cuenta de resultados de dos auditorías- se advierten de serias faltas de control, deficiencias administrativas y también hechos que podrían ser constitutivos de delitos por parte de estos organimos capitalinos.
Debido a estas pesquisas, que se dan en el marco de los escándalos por convenios con fundaciones que afectan a varias regiones del país, es que el fiscal Carrasco abrió una de las últimas aristas de este caso y se encuentra revisando los documentos.
Una vez finalizada esta revisión, deberá definir sobre el curso de las diligencias, que también también se puede ampliar a la investigación a convenios suscritos por la Gobernación Regional Metropolitana.
DETALLES DE LOS INFORMES DE CONTRALORÍA
En los informes entregados por Contraloría, se detalla que la gestión de la Seremi de Vivienda de la Región Metropolitana tiene falencias en convenios celebrados con seis entidades privadas, con una cifra que supera los 1.800 millones de pesos ($1.822.515.316).
Las ONG involucradas en esto son: Fundación EnRed, Fundación Posible Otro Chile, Espacio Lúdico, Fundación Aldea, Arquitectura, Ciudadanía y Aprendizaje, Enlace Urbano ONG y Un Techo Para Chile, consignó el medio antes citado.
Mientras que en la Subsecretaría, se acusa una ausencia de manuales de procedimientos que regulan el proceso de asignaciones directas de los bullados Programas Asentamientos Precarios, además de Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades.
A esto se suma -detalló- que este organismo tiene problemas en concretar controles eficaces que permitan saber que los dineros eran ejecutados de manera correcta.
En cuanto a los tratos suscritos por la Seremi de Vivienda de la RM, Contraloría aseguró que carecen de actos administrativos que funden y acrediten documentalmente su existencia.
