Fiscal judicial de San Miguel concluyó su sumario administrativo y advirtió indicios de delitos que obligaron a remitir el informe a la Unidad Anticorrupción.
Para la parte querellante, representa la "puerta de entrada" para desenterrar irregularidades históricas en el sistema de nombramiento.
La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, concluyó su sumario administrativo presentando cargos formales contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, quien se encuentra actualmente suspendido de sus funciones.
La medida también alcanzó a los notarios Claudio Barrena, Rodrigo Ortúzar y Fernando Martel, en un informe que advierte indicios de eventuales delitos, lo que obligó a remitir los antecedentes a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
Esta resolución administrativa se produce en un momento crítico para Yáber, quien será formalizado el próximo 14 de enero en el marco de la denominada "trama bielorrusa".
La Fiscalía investiga su presunta participación en un esquema de lavado de activos diseñado para favorecer a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Según la tesis del Ministerio Público, Yáber habría facilitado el blanqueo de dineros obtenidos mediante coimas, una acusación que comparte con el conservador de Chillán, Yamil Najle.
La investigación tomó un impulso decisivo tras la filtración de una llamada telefónica de 12 minutos entre Yáber y Barrena. En el audio, ambos comentan en tono distendido la crisis del Poder Judicial, mencionan una celebración en casa del exjuez Antonio Ulloa después de salvarse de ser destituido en la Suprema y el conservador manifiesta su preocupación por el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Migueles, admitiendo transacciones que hoy están bajo la lupa.
El caso ha salpicado también al mundo político, revelando gestiones de Yáber para frenar la acusación constitucional contra Ulloa en el Congreso y supuestos pagos a parlamentarios, como al senador Matías Walker (Demócratas), que reconoció transacciones adjudicándolas a una amistad de larga data, y al diputado republicano Cristián Araya, que negó cualquier vínculo irregular.
Carlos Quezada, abogado querellante en representación de la organización de trabajadores judiciales, afirmó que la situación de Yáber "es bastante más compleja de lo que se pensó en un primer momento".
"La situación de él ad portas de la formalización del día 14 va agravándose día a día, porque ya podemos ver que efectivamente no se trata de una participación única, sino que se trata de participaciones reiteradas en diferentes hechos que pueden constituir delitos", indicó el jurista.
"El señor ya ver es como la puerta de entrada para que por primera vez podamos entrar a investigar todas las irregularidades que ocurrieron con el sistema de nombramiento de notarios y conservadores en el país y eso probablemente arroje muchas, muchas novedades extra", subrayó Quezada.
En paralelo a este escándalo, la agenda judicial de este primer día hábil del año está pendiente de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se espera la resolución respecto a la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, a quien la Fiscalía de Arica pretende formalizar por prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto, tras sus polémicas gestiones con el abogado Luis Hermosilla para favorecer a imputados en causas de alta connotación pública.
