El general en retiro y el ex ministro del Interior de la dictadura son sindicados como parte de una asociación ilícita para vejar a los opositores al régimen militar.
En representación de 20 víctimas de atropellos durante la dictadura, los abogados Alfredo Morgado, Hugo Gutiérrez y Julia Urquieta presentaron una querella en contra de Augusto Pinochet y su ex ministro del Interior y actual senador de la UDI, Sergio Fernández, por el delito de asociación ilícita para cometer el ilícito.
Morgado recalcó que "cuando se detenía a personas, cuando estas personas eran llevadas a centros de detención, no se informaba. No se informaba a los familiares y cuando se recurría a los tribunales tampoco se refería información".
"Pareciera que existieron oficios, circulares, instrucciones precisas de las autoridades públicas en que instruían a los organismos de seguridad a no dar información a los tribunales de justicia", añadió.
Urquieta indicó, en tanto sus sospecha de que "incluso, la asociación ilícita permanece hasta el día de hoy con el objetivo de encubrir los crímenes. Por eso, no es casual que hasta hoy en día no sepamos cuál es del destino de los detenidos desaparecidos y ejecutados".
De acuerdo a la legislatura internacional, el delito de tortura es catalogado como imprescriptible e inamnistiable. De ser acogida la acción judicial, se deberá nombrar un ministro de fuero, por la calidad de ex Presidente de la República de Pinochet y la de actual senador, de Fernández.
Poco antes que se diera a conocer el informe de la Comisión sobre Torturas y Prisión Política, el senador Sergio Fernández recalcó que mientras él fue secretario de Estado se prohibieron los vejámenes como los denunciados por el documento.
Fernández fue ministro del Interior desde abril de 1978 al mismo mes de 1982, cargo que asumió nuevamente entre julio de 1987 y octubre de 1988.
