El ministro en visita Mario Carroza resolvió declararse competente en 12 de las 21 denuncias que recibió por presuntas irregularidades en las maternidades de clínicas privadas y hospitales desde fines de los 70 hasta 1986.
Los antecedentes fueron recopilados por el Servicio Nacional de Menores y el senador de la UDI Alejandro García-Huidobro y apunta a partos en que se les informaba a las madres que sus hijos habían nacido sin vida y, sin embargo, hay sospechas de que fueron entregados a otras parejas.
Tras declararse incompetente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ya que los hechos ocurrieron antes de la vigencia del sistema procesal penal, el juez analizó los antecedentes y resolvió investigar 12 casos que caratuló como "sustracción de menores", ya que es un delito permanente en nuestro país y se habrían registrado en las clínicas privadas Santa María y la desaparecida Carolina Freire, como también los hospitales públicos de Chillán, San Borja Arriarán, Barros Luco y Luis Calvo Mackenna en Santiago.
Los casos desechados corresponden a relatos en que los padres biológicos reconocieron ante el tribunal que entregaron voluntariamente a sus hijos para que fueran adoptados y en otros en que son los hijos quienes sospechan de sus orígenes.
"Sustracciones de menores, donde dice relación con los casos donde les han sido arrebatados a sus padres los niños y, posteriormente, les han sido entregados a terceros de manera ilícita. Esos casos han quedado en manos del ministro, pero respecto de los demás todos ellos serán enviados al 34º para que la jueza conozca de ellos y pueda resolver su competencia", explicó Carroza.
No se descarta nueva declaración de Joannon
El magistrado le tomó declaraciones a una religiosa, identificada como el nexo de las adopciones en el Hospital Barros Luco, sor María Graciela Soto, y ya interrogó a la presidenta de las matronas Anita Román, quien declaró en su momento que en la época había una mafia en ese recinto hospitalario de la zona sur de la capital.
Por su parte, el abogado Cristián Letelier, quien representa a los matrimonios que se han querellado, explicó que es un delito imprescriptible y que, para él, el resultado de una sola guagua que pueda aparecer es ya satisfactorio.
"Basta que uno de esos niños, que ya son gente mayor con más de 40 años, pueda aparecer para que ya esta investigación del ministro Carroza tenga pleno éxito", manifestó.
El juez Carroza, además, posee los antecedentes que le entregó el Ministerio Público con el interrogatorio al sacerdote Gerardo Joannon, pero no se descarta que le tome una nueva declaración indagatoria en calidad de inculpado.