Con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas quedó el imputado por la agresión al alcalde de San Bernardo, Christopher White, hecho ocurrido en el marco de un procedimiento municipal que también dejó a funcionarios lesionados.
Durante la audiencia, el Ministerio Público y los querellantes solicitaron la prisión preventiva, sin embargo, el tribunal optó por una medida cautelar de menor intensidad, considerando la pena asociada a los delitos formalizados.
La abogada de la Municipalidad, Catalina Correa, detalló que "el imputado fue formalizado por cuatro delitos de amenazas, cuatro de lesiones menos graves, un delito de atentado contra la autoridad -en el caso del alcalde- y un delito de daños".
Añadió que, si bien se consideraron sus antecedentes, la magistrada estimó procedente el arresto domiciliario total.
"Nosotros solicitábamos la medida de mayor intensidad, que es la prisión preventiva", señaló la jurista, quien agregó que no están plenamente conformes con la resolución, aunque reconoció que la cautelar decretada "cumple con los fines actuales del procedimiento".
"No estamos conformes del todo (...). Este no es un hecho aislado en la comuna; todos sabemos el nivel de peligrosidad que se vive en ciertos operativos en San Bernardo y, por lo mismo, habíamos solicitado la prisión preventiva", expresó.
Desde la defensa, el abogado Ignacio Lagos sostuvo que la resolución se ajusta a lo solicitado por su parte y argumentó que los antecedentes del imputado están prescritos o no justifican una medida más gravosa: "El quantum de la pena da para una pena sustitutiva (a la cárcel, en caso de resultar condenado)", afirmó.
"Esta es una pelea entre muchas personas en contra de Seguridad Ciudadana; no es necesario que se conozcan entre sí. Fue una pelea que se produjo en el momento y vamos a revisar la prisión preventiva para tratar de aminorar, lo más rápido posible, el arresto total domiciliario. Mi representado necesita reinsertarse a la sociedad trabajando", agregó.
El tribunal fijó en 90 días el plazo de investigación, periodo en el que no se descarta que puedan incorporarse más antecedentes o eventuales involucrados en el hecho, que fue descrito como una pelea ocurrida en el momento, sin necesidad de coordinación previa entre los participantes.
