El fiscal nacional Ángel Valencia tuvo una reunión extraordinaria junto a los jefes regionales del Ministerio Público, en cuya instancia los persecutores advirtieron falencias de implementar la prisión preventiva para extranjeros sin RUT en regiones debido a la poca capacidad del Registro Civil.
La medida fue anunciada el jueves pasado, en primera instancia sólo para los fiscales de la Región Metropolitana, quienes fueron instruidos a solicitar la medida cautelar más gravosa contra detenidos extranjeros que no cuenten con su cédula de identidad con la finalidad de tenerlos encarcelados hasta establecer su identidad. Todo esto se dio en el marco de las investigaciones por el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma.
El oficio señala que "todo imputado extranjero que no tenga DNI o pasaporte de su país de origen, deberá pasar a control de detención", lo que también regirá para aquellos que afectivamente tengan DNI o pasaporte, pero que no cuenten con RUT provisorio en el país. En tanto, aquellos imputados extranjeros que no pasen a control de detención se les tomará fotografía y huellas dactilares para su futura identificación.
Posteriormente, Valencia decidió ampliar esta medida a todas las fiscalías del país, lo que fue anunciado en la cita con los persecutores regionales.
El oficio emanado por el fiscal Valencia señala que esta medida se realiza "en consideración a la creciente problemática que se ha detectado en relación a la individualización de imputados nacionales y extranjeros que cometen delitos y que no cuentan con un documento oficial chileno que permita acreditar su identidad".
Esto considerando que "concurriendo los presupuestos materiales contenidos en las letras a) y b) de dicha norma, fundado en lo señalado en la letra c) de esa disposición, esto es, en la existencia de peligro de fuga en todos aquellos casos de imputados por cualquier clase de delito que fueran pasados a audiencia de control de detención, que en caso de no contar con un documento identificatorio chileno que permita acreditar su identidad en relación a la referida necesidad de cautela".
Pese a que esta medida ha sido valorada desde el mundo político, ha generado algunas críticas desde las fiscalías regionales, ya que señalaron que el Registro Civil demora hasta un mes en responder sus requerimientos, por lo que sería complejo cumplir con la instrucción en caso de que haya que esperar un trámite administrativo de huellas digitales, según consignó La Tercera.
De hecho, se buscaría implementar en regiones un "plan piloto" que actualmente ya funciona en el Centro de Justicia de Santiago, donde se instaló una oficina del servicio de identificación que hará más expedito los trámites con extranjeros sin identidad.
De acuerdo a cifras del Ministerio Público, el 25% de los imputados que pasa a control de detención es extranjero y, de ese porcentaje, el 50% no cuenta con RUT en el Registro Civil chileno.
