Tras sesionar el lunes de manera extraordinaria, el Pleno de la Corte Suprema resolvió declarar inadmisible una solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, presentada por un grupo de 16 diputados.
Según informó esta tarde el Poder Judicial, la Suprema estimó que el requerimiento "no entrega medios de prueba de las supuestas inconductas de la autoridad (...), por lo que no puede ser admitida a tramitación", ya que lo primero "es requisito esencial para iniciar el proceso y que la requerida ejerza su derecho a defensa".
"Una revisión formal del libelo permite evidenciar que la parte requirente no acompañó, ni ofreció en su presentación, los medios de prueba de que se valdrá para demostrar los hechos en que se funda la causal de remoción invocada", indica la resolución.
"Tal exigencia debía necesariamente cumplirse con la presentación del requerimiento de remoción, (...) pues tales antecedentes probatorios deben ser conocidos por la recurrida al momento de evacuar el traslado y ofrecer su propia prueba, para resguardar el correcto ejercicio de su derecho a defensa. (...) Por las razones expuestas, el libelo de remoción incumple los requisitos legales para ser declarado admisible", sentenció la Suprema.
La decisión fue dividida: ocho ministras y ministros de la Suprema estuvieron a favor acoger a tramitación la solicitud parlamentaria, que acusaba negligencias y denegación de Justicia en causas emblemáticas lideradas por la persecutora, como el caso del niño Tomás Bravo.
La decisión del máximo tribunal había sido adelantada ayer martes por el diario La Tercera, hecho considerado "gravísimo" por el diputado Leonidas Romero (independiente, miembro de la bancada RN), uno de los impulsores de la destitución.
DIPUTADO INSISTIRÁ; FAMILIAS, DECEPCIONADAS
Romero fustigó que en la resolución de la Suprema "hubo una defensa corporativa tremenda: le dijeron con esto a la señora Marcela Cartagena que puede seguir haciendo su trabajo en forma inoperante, soberbia, prepotente, porque el trato con las víctimas ha sido desastroso".
Es "lamentable", manifestó, pero confirmó que insistirá con el intento de destituir a la fiscal: "Vamos a seguir trabajando y estamos analizando las acciones que realizaremos con mis colegas, la posibilidad de presentar nuevamente el requerimiento, acompañando los documentos para así darles el gusto y hacerles el trabajo a los ministros que, a nuestro entender, erradamente exigieron estas formalidades".
La petición surgió de familias ligadas a casos emblemáticos en la zona, que acusan negligencia y denegación de justicia en los procedimientos liderados por la persecutora.
Ejemplo de lo anterior es la investigación del caso de Tomás Bravo, en el que su madre, Estefanía Gutiérrez, pidió las firmas parlamentarias, o el de Sergio Mardoff, cuya familia igualmente participó de la recolección.
"La Suprema desgraciadamente no hizo justicia a todo lo que hemos pasado las familias por la mala gestión de esta Fiscalía. Mucha decepción", expresó Sergio Mardoff padre.
Gutiérrez se dijo "triste, decepcionada nuevamente de la Justicia; sentimos que no es la forma correcta la decisión de la suprema sentimos que no están en nuestra posición y nuestro dolor".
