Guillermo Silva reaccionó a la polémica provocada por la magistrada Andrea Acevedo con sus comentarios sobre el hincha de Colo Colo que murió atropellado por Carabineros.
El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, reaccionó a la polémica provocada por la jueza Andrea Acevedo, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, cuya actuación durante la formalización del carabinero que atropelló y mató a hincha de Colo Colo lució abundante en prejuicios y comentarios de carácter político no atingentes al caso.
"Yo me he enterado en la mañana que se está estudiando la posibilidad que se deduzca un recurso de queja en contra de esa magistrada y, por lo tanto no puedo emitir ninguna opinión sobre la actuación que ella tuvo (...) Si yo le digo que que si se excedió, no voy a poder entrar al proceso disciplinario que va a motivar la queja que se anuncia sobre ella", comentó Silva.
"No conozco íntegramente el texto de la resolución de la magistrada, pero es una resolución que puede ser recurrida o que ya fue recurrida, entonces yo no puedo pronunciarme sobre ello", insistió el líder Poder Judicial.
Como principio general para el actuar jurídico, sin embargo, Silva señaló que "el ideal es que los jueces, al emitir sus resoluciones, se limiten al derecho y a los hechos establecidos en la causa".
[Lea también Muerte de Jorge Mora: Asociación de Magistrados cuestionó "prejuicios" de jueza]
La jueza Andrea Acevedo, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, ha recibido múltiples críticas tras la formalización de Carlos Martínez, funcionario de Carabineros que conducía el camión que el martes atropelló y dio muerte a Jorge Mora.
Se acusa a la magistrada de no actuar con real imparcialidad, dados sus comentarios de índole sociológica respecto a la naturaleza de la "Garra Blanca" y a que especuló -sin ningún antecedente- que la víctima pudo estar bajo los efectos del alcohol, dado que "venía saliendo de un partido de fútbol".
Acevedo finalmente dictó las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional para Martínez, desestimando el arresto domiciliario que pedía la Fiscalía y la calificación de "violencia innecesaria con resultado de muerte" propuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que actuó como querellante y ya anunció que recurrirá esta decisión.
