El ministro Álvaro Elizalde pidió a todos los actores políticos que se sumen al "esfuerzo" para transmitir a las nuevas generaciones el "nunca más".
La democracia debe ser preservada para que el país "no vuelva a vivir el horror de la dictadura y la violación sistemática a los derechos humanos", enfatizó.
El Gobierno relevó que la pronta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, que derrocó al Presidente Salvador Allende y dio inicio a la cruenta dictadura de Pinochet, es "una oportunidad para legar" a las nuevas generaciones de chilenos el compromiso y el deber de preservar la democracia.
La Moneda afronta un escenario adverso respecto a la ceremonia que prepara para el próximo lunes 11 de septiembre, pues la última jornada la coalición opositora de derecha Chile Vamos -que agrupa a la UDI, RN y Evópoli- anunció que no asistirá, misma decisión que tomó el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022).
Además, el denominado "Compromiso de Santiago", sobre la defensa de la democracia, que el Presidente Gabriel Boric convocará a que sea suscrito por todas las fuerzas políticas, del que trascendió un borrador, no ha encontrado aún un respaldo transversal.
Piñera, aunque no participará del acto conmemorativo, ya firmó el documento, determinación que podría persuadir a su sector a hacer lo mismo: "Puede ser (...) es algo que tenemos que discutir", dijo esta mañana en Cooperativa la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, quien junto a sus pares de la UDI y RN suscribieron una declaración paralela al respecto.
En ese marco, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), afirmó que "la conmemoración de los 50 años debe ser una oportunidad".
"Nos gustaría que todos los actores políticos se sumaran a un esfuerzo para legar a las futuras generaciones un patrimonio que implica el compromiso con la democracia, para que nunca más se vuelva a vivir el horror de la dictadura, el bombardeo a La Moneda y la violación sistemática a los derechos humanos", sostuvo.
Por ello, enfatizó, "nos gustaría ver una actitud de disposición de todos los actores políticos precisamente para que nos comprometamos con la preservación de la democracia".
Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.
Las víctimas de desaparición forzada llegan a 1.469 personas. Hasta la fecha, según las autoridades, solo 307 cuerpos han sido hallados.
