El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), quien presidió la comisión investigadora en la Cámara Baja por los episodios de contaminación en Quintero, Puchuncaví y Concón, criticó la "indolencia brutal" del Gobierno para con los habitantes de esa zona, en medio de un cordón industrial.
En ese contexto, este viernes se conocieron dos estudios sobre la vulneración a niños y adolescentes por la contaminación: el primero que evidencia la percepción de riesgo de los menores y el segundo sobre la presencia de metales pesados en los niños.
El diputado frenteamplista aseguró que "hay una indolencia brutal por parte del Gobierno, particularmente de la ministra (del Medio Ambiente) Carolina Schmidt, quien hoy no ha hecho todo el esfuerzo político posible".
El parlamentario expuso que "hoy hay una norma de calidad ambiental chilena que no cumple con el estándar de la Organización Mundial de la Salud y eso es de iniciativa exclusiva del Presidente (Sebastián Piñera)".
En ese sentido, apuntó al Mandatario, "que en la ONU señaló que (el plan de descontaminación) iba a ser histórico en Quintero, y vemos que el tiempo pasa, las promesas se difuminan y lamentablemente la gente sigue padeciendo estos problemas".
Padres emplazan al Gobierno por falta de "voluntad"
El primero de los estudios mencionados, encargado por la Defensoría de la Niñez a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Valparaíso, reveló que en esa "zona de sacrificio" se están vulnerando al menos 17 derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y que los menores "expresaron una noción de amenaza por parte de una actividad industrial irresponsable".
"Qué maravilloso sería que lo dicen nuestros hijos, de este sector castigado, pudiera generar una reacción. Me pregunto: ¿efectivamente nuestros hijos han podido educarse con las mismas condiciones que el resto? ¿Cuántas generaciones han sido castigadas e imposibilitadas tal vez de acceder a un futuro profesional mejor, única y exclusivamente porque han vivido en el lugar por más de 10, 15 ó 20 años? Me parece horroroso", manifestó Carlos Muñoz, dirigente de padres y apoderados de Quintero.
En esa línea, planteó la pregunta de "quién detiene este genocidio", y comparando sus problemas con la "voluntad política hoy por Essal en Osorno", emplazó: "¿Y cuándo con Quintero y Puchuncaví? Son 50 años de la misma situación".
En tanto, la Fiscalía Regional del Biobío sigue la investigación penal e indaga la llegada de un buque con petróleo iraní a Quintero en agosto del año pasado como la causa presunta de los episodios de contaminación que se registraron posteriormente.
