Tras la exposición del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, las reacciones de los parlamentarios evidenciaron una profunda división respecto a la controvertida salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.
Mientras el oficialismo dio por cerrado el capítulo, desde la oposición advirtieron que la falta de fundamentos en la decisión mantiene en pie medidas de control político.
El diputado Mauro González, de Renovación Nacional (RN), se mostró satisfecho con las explicaciones del jefe policial, instando a cesar las críticas contra el Ejecutivo.
"El director de la PDI fue completamente claro: la decisión fue con todas las atribuciones que dice la ley. Yo quedo completamente conforme con lo que dijo el director. Yo le diría a la oposición que, por favor, deje trabajar a la ministra Steinert y también a la PDI", señaló el legislador, integrante de la Comisión de Seguridad.
Sin embargo, para otros miembros de la instancia, el testimonio de Cerna -quien apeló a la "reserva institucional" para no detallar sus conversaciones con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert-, no despejó las dudas sobre posibles presiones políticas.
"Seguimos fiscalizando a la ministra Trinidad Steinert. No queda claro que su actuación haya estado dentro del marco de la legalidad. Sigue la duda de las motivaciones por las cuales se pidió la remoción de la subdirectora de Investigaciones", declaró el diputado Patricio Pinilla (Democracia Cristiana).
"La posibilidad de la interpelación sigue vigente. Vamos a esperar el resultado de lo que diga la Contraloría General de la República", sentenció.
En la misma línea, el diputado Raúl Leiva (Partido Socialista) cuestionó el uso de facultades discrecionales sin una justificación pública transparente, anunciando que recurrirán a organismos de control.
"Cuando yo ejerzo una facultad discrecional como autoridad del Estado tengo que fundar en función del principio de motivación de los actos administrativos. Eso es lo que falta y vamos a recurrir a la Contraloría para que efectivamente estas decisiones, que son privativas de la autoridad, sí tienen que ser fundadas", explicó el congresista, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).
