El senador democratacristiano Iván Flores acusó este sábado que el Gobierno "titubeó" con la renuncia del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, asegurando que fue finalmente la presión ejercida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que interpuso una querella criminal en su contra- la que forzó la bullada salida del funcionario policial tras una reunión anoche con el Presidente Gabriel Boric.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, Flores afirmó que "el Gobierno debió haberle pedido la renuncia en un primer momento" a Muñoz, quien está en la polémica por su formalización por "hechos constitutivos de delito" vinculados con el denominado caso audios, que involucra al conocido abogado Luis Hermosilla.
"Creo que el Gobierno se sintió tremendamente sorprendido por lo que de repente ocurrió, porque aquí, dentro de un proceso que es secreto, quedaron todos sorprendidos cuando aparecen patrullas de Carabineros irrumpiendo en el domicilio y en el cuartel general de la PDI. Esto es brutal", alertó el parlamentario.
De todas maneras, aseguró que "si hubiese sido gobierno, de inmediato pido que 'la cabeza' de este policía sea alejada de su cargo (...) no es algo personal, es una cuestión institucional" dada la gravedad del caso y la importancia de las diligencias realizadas en su contra.
"Cuando el Ministerio Público llega a un anuncio de formalización en tan corto plazo y se hace un operativo de esta naturaleza, no es porque se tiró a la piscina sin tener nada del todo concreto sobre el cual sostener esta acción. Claramente tiene pruebas contundentes que lo obligan a hacer un acto tan rápido y con una formalización casi urgente", aseguró el militante DC, que acusó también que frente a esto "el gobierno se enredó, titubeó y le ganó el Consejo de Defensa al Estado (que se querelló)".
La decisión de pedir la salida de Muñoz -en onión de Flores- debió ser inmediata, dado que aunque "la caída del jefe de la policía nos duele a todos, aquí hay que actuar con firmeza y claridad".
Asimismo, acusó que esta delicada situación "puede ser un hecho de felicidad para el crimen organizado", dado que es "inédito en décadas" que esté formalizado el líder de la PDI y por otro lado el jefe de Carabineros, Ricardo Yáñez.
DESPLIEGUE MILITAR PARA SEGURIDAD
Por otra parte, Flores abordó la solicitud de diversos alcaldes de desplegar militares en su comuna a fin de reforzar las labores de seguridad, en medio de una ola de crímenes violentos, situación que ha generado un profundo debate político en los últimos días.
Según señaló el senador, esto es algo que "hace rato ya solicitan algunos alcaldes por su desesperación de lo que está pasando en algunas comunas, particularmente en la Región Metropolitana, aunque recordemos que los problemas de delincuencia con delitos de alta connotación están en todo Chile".
"Hay barrios que están tomados por el narcotráfico y pese al esfuerzo de las policías, su tecnología y su equipamiento son recontra escasos. Entonces, la tentación es recurrir a las Fuerzas Armadas, pero aquí surgen un montón de preguntas con respuesta difícil", advirtió en Cooperativa.
Entre estas dudas están que "no hay efectivos de Fuerzas Armadas suficientes" para ejercer esta función, dado que muchos de ellos están desplegados por "los dos estados de excepción que tenemos, en el norte por el resguardo a la frontera y en la macrozona sur por el problema de violencia y ataques terroristas que han ocurrido".
"Por otro lado, la especialidad de ellos tampoco permite que una persona, voy a decirlo así en general, que es especialista en turbinas de helicóptero, por ejemplo, vaya con un fusil a custodiar una infraestructura crítica o la esquina de una calle, teniendo como único conocimiento la defensa del país en frontera, por acciones externas, con armamento de guerra letal", analizó el integrante de la Comisión de Seguridad del Senado.
A esto sumó que en el Congreso "todavía no resolvemos con el gobierno las reglas de uso de la fuerza", un punto que considera clave, dado que de no acordarlas -aseguró- "ningún funcionario de la Fuerza Armada va a querer estar en una población o custodiando agua potable, un hospital o quién sabe qué otras cosas más puedan ser consideradas como estructura crítica".
"Uno le pregunta a cualquier militar y no quieren, porque no saben en qué casos deben actuar, porque no está claro eso, y eso no lo ha podido responder el gobierno. La pregunta es ¿qué les va a pasar? Saben que ante una actuación que se espera que hagan, pero cuando la hacen, la verdad es que le va a ir mal pues", cerró.
