"El Gobierno es responsable del caos que se ha producido hoy", acusó la senadora Paulina Núñez (RN), al abordar la caótica situación que se registró este lunes en el Estadio Víctor Jara, en el centro de Santiago, tras la masiva asistencia de personas -cerca de 3.000- a una convocatoria a enrolamiento de migrantes.
La situación se dio en medio del anuncio del Ejecutivo sobre una eventual "regularización acotada" que podría beneficiar hasta a 182 mil inmigrantes que se empadronaron el año pasado, algo que ha sido cuestionado por diversos políticos y considerado como una de las razones de la gran convocatoria.
Ante esto, Núñez advirtió que la administración del Presidente Gabriel Boric es la responsable de la situación registrada esta jornada, dado que envió -en su opinión- "nuevamente una señal errada en esta materia".
En una línea similar, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) apuntó a la responsabilidad del subsecretario del Interior, Luis Cordero, acusándolo de ser "muy imprudente con sus anuncios, que no han sido conversados con el Congreso".
"Cuando el subsecretario habla de un posible proceso de regularización, es lo que tenemos hoy: con casi 3.000 personas apostadas y peleándose entre ellas, dando una pésima señal al mundo y además un 'efecto llamada'", puntualizó la parlamentaria.
"Hay algunos que asumen que en este país es posible expulsar a todo el mundo", cuestionó Cordero
El cuestionamiento fue respondido por el propio Cordero, quien descartó que el proyecto esbozado hace algunos días -que por el momento queda solo en eso- haya provocado un llamado a migrantes ilegales para buscar su regularización.
"He visto que algunas personas han llamado esto el 'efecto llamada'. Primero, es no saber qué es el 'efecto llamada' técnicamente hablando. Esto es cuando usted realiza, supuestamente, un proceso de regularización y vienen más migrantes desde el extranjero. Cosa que vean ustedes algunas personas que, atizando el miedo y el temor, están confundiendo", analizó el secretario de Estado.
Según afirmó la autoridad, "hay algunos líderes de opinión que no son partidarios de ningún proceso de regularización, sino que, por el contrario, asumen que en este país es posible expulsar a todo el mundo".
Debido a eso, "lo que han hecho es atizar el temor y el miedo, confundiendo la ciudadanía sobre lo que es un proceso versus la gestión de trámites ante el Registro Civil", cuestionó Cordero.
Diputados RN recurren a la Contraloría
Por otro lado, diputados de RN ingresaron un requerimiento de revisión a la Contraloría por los criterios de regularización que contempla la posible iniciativa del Ejecutivo: que exista un arraigo familiar o laboral, y que los solicitantes tengan antecedentes limpios.
"Venimos a presentar varias ilegalidades que estaría cometiendo el Gobierno", planteó Andrés Longton, partiendo por que, "en primer lugar, la Ley de Migración establece claramente que el ingresar por pasos clandestinos es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley. En segundo lugar, piden arraigo laboral, y resulta que quien ingrese de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar, porque eso tiene una sanción específica para los empleadores".
"Por último lugar, los antecedentes penales. ¿Cómo podemos confiar en una dictadura como la de Maduro respecto a la transparencia de sus antecedentes? Una dictadura en la cual no se puede confiar en lo más mínimo", alertó el opositor.
La arremetida fue abordada por la ministra vocera, Camila Vallejo, quien cuestionó: "Yo me preguntaría, ¿cómo puede ser ilegal algo que es simplemente un estudio?".
La referida regularización "no es un acto administrativo todavía, entonces creo que la pregunta y la inquietud surge a los propios parlamentarios que presentan este recurso a la Contraloría, más allá de la legitimidad de su acción", puntualizó la secretaria de Estado.
