"Se asume que será por el paso fronterizo más cercano", comentó Jorge Díaz.
Los recientes casos policiales que involucran a extranjeros han elevado también la presión en Chile para ejecutar expulsiones express.
El gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, reaccionó con preocupación ante la entrada en vigor de un decreto peruano que dispone la expulsión en no más de 24 horas de los extranjeros en situación irregular que incurran en delitos contra la seguridad ciudadana y el orden interno.
La norma fue promulgada el martes y modifica la Ley de Migraciones para establecer un "procedimiento administrativo sancionador especial excepcional" dirigido a los delincuentes y criminales extranjeros.
Se aplica a quienes ingresen a Perú sin pasar por control migratorio y ejecuten acciones que "pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana".
La expulsión se zanjará de manera express, tras una "audiencia única, virtual o presencial, que no podrá exceder las 24 horas desde que se hizo la retención administrativa del (imputado) extranjero llevada a cabo por la Policía Nacional", consignó la agencia EFE.
Según informa hoy El Mercurio, el gobernador Díaz salió a advertir sobre las eventuales repercusiones de esta medida en su región, que -al igual que el vecino país- ha experimentado situaciones de tensión recientes debido al alza de la criminalidad vinculada con la acción de extranjeros irregulares.
Arica está a 20 kilómetros de Chacalluta, y "se asume que (la expulsión de Perú) es por el paso fronterizo más cercano", comentó Díaz, que puso en duda las capacidades del Estado chileno para controlar un eventual flujo masivo de delincuentes por dicha zona.
Pese a que la Ley de Infraestructura Crítica incorporó a las Fuerzas Armadas al resguardo de las fronteras, la situación en el norte es "extraña", ya que igualmente "hay ingreso de narcotráfico, armas y crimen organizado", alegó el gobernador.
Además de la expulsión, el referido decreto peruano endurece las medidas de fiscalización y control sobre la población migrante: las empresas de transporte interprovincial serán sancionadas por trasladar a extranjeros irregulares; también los operadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre que no hagan debido registro y control de sus tripulantes; y los servicios de hospedaje que no realicen verificación migratoria.
"Los migrantes irregulares tienen que regresar a su país, así de claro y sencillo. Ésa es la decisión que ha tomado el Gobierno", dijo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
"Acá vienen las personas que nuestro país admite que vengan; no es un país al que pueda ingresar quien le dé la gana vulnerando las normas. Hay que asegurar la paz y la seguridad de los 33 millones de peruanos", sostuvo.
En Chile, la presión por medidas más duras contra los delincuentes extranjeros también ha aumentado en los últimos días debido a la proliferación de casos de secuestros extorsivos y al ataque que sufrió ayer una carabinera con una granada.
Diputados del oficialismo y la oposición han abogado por un estado de excepción a nivel nacional, y pedido la expulsión inmediata de 12 mil personas.
