El Gobierno descartó, por ahora, decretar un estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana y a nivel nacional, en medio de la crisis de seguridad que vive el país, agravada en los últimos días por los tres secuestros ocurridos en Iquique (Tarapacá) y Rancagua (O'Higgins), y el ataque con una granada que sufrió ayer una carabinera en Santiago.
La decisión la comunicó el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve (PS), tras la reunión que mantuvo esta mañana en La Moneda con los altos mandos de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que solicitó el Presidente Gabriel Boric desde EEUU tras el referido último hecho ocurrido en la víspera en la capital.
"Nuestra tarea, y lo hemos conversado con las policías, es fortalecer el trabajo de nuestras policías. Y creemos que con eso y fortaleciendo el control territorial, se puede enfrentar los hechos de violencia que enfrenta el país", sostuvo el subsecretario.
Tras el ataque contra la cabo segundo Rayen Curihuil, de 23 años, que resultó herida de gravedad al recibir esquirlas en casi todo su cuerpo, pero fuera de riesgo vital, provocó que diputados de diversas bancadas llamaran al Mandatario a decretar un estado de excepción a nivel nacional.
"Hemos hecho un análisis al respecto, y nuestra evaluación hoy es que el estado de excepción constitucional no es necesario en la Región Metropolitana, pero sí es indispensable tener un plan mucho más poderoso, decidido y concreto para el control territorial", replicó Monsalve esta mañana en Palacio.
La crisis de seguridad también ha llevado a que partidos de oposición hayan comenzado a presionar para que la ministra del Interior titular, Carolina Tohá (PPD), salga del Gobierno. Al respecto, Monsalve comentó que, más que críticas, en estos momentos se requiere colaboración, y que las renuncias no resuelven los problemas.
En la reunión, Monsalve le solicitó a Carabineros que proponga medidas concretas para mejorar el trabajo policial y puntos de despliegue de mayor complejidad; y a la PDI, que plantee fórmulas para fortalecer el control territorial.
GOBERNADOR REPROCHA DECISIÓN
La decisión del Ejecutivo de descartar un estado de excepción fue reprochada por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (independiente, ex-DC).
"Durante años se dijo que no correspondía estado de excepción en La Araucanía, y al final lo aplicamos, a mi juicio, demasiado tarde. Yo creo que de verdad el Gobierno tiene que evaluarlo, sentarnos en la mesa y que convoque a todos los actores", emplazó.
El otrora intendente comparó que "la mayoría de los carabineros de nuestro país, que tienen por deber constitucional defendernos, andan con un revólver de seis tiros, mientras los delincuentes andan con pistolas, con cargadores de 40 tiros semiautomáticos", ante lo cual alertó que "la asimetría de organización y de poder de los delincuentes respecto al Estado está a la luz del día".
El ataque ocurrió ayer en el sector del Club Hípico, en el centro de Santiago, cuando dos carabineros intentaron fiscalizar a dos hombres de nacionalidad venezolana. Estos se resistieron y uno de ellos portaba una granada, que activó y lanzó contra los policías, hirieron a la cabo Curihuil. El compañero de la uniformada, con su arma de servicio, abatió al agresor, mientras que el segundo sujeto huyó.
Tras el hecho se había informado de un detenido, pero esta mañana se informó que su participación fue descartada.
REACCIÓN DEL MUNDO POLÍTICO
Parlamentarios de diversas bancadas también pidieron reevaluar la medida de estado de excepción. Pese a que algunos valoran el camino tomado por el Gobierno, afirman que el problema es que el Estado está atrasado.
"Si bien el Gobierno está haciendo el máximo de sus esfuerzos con todas las capacidades del Estado y lo valoramos, todo lo que se está haciendo es insuficiente, porque el Estado de Chile, más allá del Gobierno de turno, estaba años atrasado", dijo el diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia.
En tanto, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que "la situación no resiste más, vamos a exigir a la ministra del Interior (Carolina Tohá) la expulsión inmediata de las 12 mil personas que hoy día tienen en carpeta, inmigrantes ilegales, que en muchos casos han cometido delitos, de aquí a fin de año, sino se va a exponer a una acusación constitucional".
Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, pidió responsabilidad y rigurosidad en estos condicionamientos, ya que se está pidiendo a Interior realizar casi 10 veces la cantidad de expulsiones que se hicieron en cuatro años de la administración anterior pero en un plazo de solamente un mes y medio.
CRÍTICA AL GOBIERNO ANTERIOR
Monsalve cuestionó que "lamentablemente en el gobierno anterior perdimos una capacidad muy importante, que era la relación con Venezuela para expulsar. Hasta el gobierno anterior se podía usar aviones de las Fuerza Aérea para la expulsión y ahora nosotros hemos destinado recursos a las expulsiones, pero solo podemos expulsar a través de aviones comerciales".
Estas palabras fueron respondidas por el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, que aseveró que "no parece razonable que este gobierno, después de casi dos años de gestión, siga culpando al gobierno anterior, sobre todo en un tema tan sensible, sobre todo cuando tuvieron la responsabilidad y en su momento también muchos el rol legislativo y hoy día dos años de un rol ejecutivo".
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