Este miércoles se realizó la audiencia de reformalización y el procesamiento abreviado de Pablo Alarcón, el estudiante de Sicología que empujó desde un bus a una fiscalizadora del Transantiago, María Angélica Varas, quien cayó y fue atropellada por otro microbus en Maipú el 15 de junio pasado.
En la audiencia, el joven fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas, dejando atrás la figura del homicidio frustrado en contra de la mujer por el que había sido encausado originalmente.
En el procedimiento abreviado, el joven fue condenado a cuatro años de presidio, pero al contar con atenuantes como no tener antecedentes, haber confesado su participación y haber pagado 10 millones de pesos como indemnización a la víctima fue habilitado para obtener la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
"Él va a quedar en libertad, pero deberá cumplir una serie de requisitos. Es una pena sustitutiva en la que se sustituye la pena de presidio por una pena de libertad vigilada en la que queda sujeto a diversas condiciones", dijo el fiscal Julio César Ruiz.
A su vez, el abogado defensor, Germán Cueto, manifestó que el joven "por más de 100 días estuvo privado de libertad tomando conciencia día a día de lo que había pasado".
"Él está arrepentido desde el primer día, él nunca quiso matar a esta señora", añadió el jurista.
Familia de víctima espera ampliar indemnización
Algunos de los requisitos que deberá cumplir Alarcón son continuar con sus estudios y seguir trabajando.
Mientras, la víctima y su familia esperan ampliar la indemnización recibida para financiar futuras cirugías.
El esposo de la mujer, Luis Roco, dijo que ella "todavía no está bien, está en recuperación, pero igual no está bien".
Consultado si es que le creyó al arrepentimiento y a la solicitud de perdón del imputado, Roco dijo que "las crea o no, las cosas ya están hecha y lo que está hecho, está hecho, no tiene remedio".
Los familiares de Pablo Alarcón declinaron referirse a los dictaminado por la Justicia, mientras que Lucía Durán, gerenta general de la empresa en la que trabaja la fiscalizadora, dijo que la sentencia es un muy mal precedente para los demás fiscalizadores que son frecuentemente agredidos en sus trabajos.