El Ministerio de Desarrollo Social zanjó el sumario por el bullado robo de 23 computadores y una caja fuerte, ocurrido en sus dependencias la noche del 19 de julio del 2023, con una sanción menor a un funcionario de tercer orden.
Aquella vez, sujetos vestidos con overoles blancos lograron entrar en las oficinas de la Secretaría de Estado con la venia de los guardias, presuntamente engañados por un par de llamadas telefónicas en que un delincuente -desde la cárcel- fingió ser el entonces ministro Giorgio Jackson. Los artefactos sustraídos fueron hallados en los días siguientes en distintos puntos de la comuna de Renca.
La investigación fue abierta el día siguiente y concluyó el 7 de noviembre del 2023, con la formulación de cargos contra el coordinador de la Unidad de Servicios Generales de la Subsecretaría de Servicios Sociales, Hernán Montes Orellana.
La resolución fue despachada cuatro meses después, el 5 de marzo, y el resultado se supo recientemente, luego de que diputados de la UDI oficiaran a la Contraloría General de la República para que fiscalizara las medidas que había adoptado Desarrollo Social, según publica hoy La Segunda.
El sumario determinó que Montes Orellana, "en su calidad de contraparte técnica del (...) contrato de prestación de servicios de seguridad, omitió efectuar la supervisión de su cumplimiento, especialmente considerando que los guardias que realizaron el turno de noche el 19 de julio de 2023 no cumplían con las exigencias de contar con el curso de seguridad y credencial vigente, otorgada por el Departamento 0S-10 de Carabineros".
Por ello, se le aplicó la medida disciplinaria de censura "por haber incurrido en una infracción de los deberes funcionarios". Se trata de la sanción más leve que puede recibir un funcionario público y consiste en una "reprensión por escrito" asociada a "una anotación de demérito de dos puntos".
El bullado atraco, que tuvo lugar en medio de los albores del caso convenios, y la amenaza de una acusación constitucional en ese contexto, llevaron al ministro Jackson a renunciar al cargo. También derivó en demandas del exsecretario de Estado contra la bancada de diputados de la UDI y el senador Fidel Espinoza (PS) por haberlo difamado.
En la arista penal, por el robo hay al menos cuatro imputados y una querella del Consejo de Defensa del Estado.
