El fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió en El Diario de Cooperativa que el ente persecutor no estaba preparado para abordar secuestros extorsivos con el "nivel de despliegue logístico" que caracterizó a incidentes como el ocurrido en Rancagua hace algunas semanas.
"El secuestro de Rancagua es un punto de inflexión por un nivel logístico, pero no porque haya sido el primero; secuestros han habido, lo que ocurre es que son de distinta complejidad. No encontrábamos bandas o estructuras criminales que se dedicasen exclusivamente o estuviesen altamente especializadas en la comisión de estos delitos, pero en esto nos encontramos con un nivel de logística al que no estábamos habituados", aclaró.
Así, el líder del Ministerio Público relevó que "cuando nos enfrentamos a uno tan sofisticado como este, lo que hicimos fue buscar ayuda en los expertos para poder investigarlos con la mayor eficacia posible; por eso pedimos colaboración a la Fiscalía de Colombia y a la Procaduría Antiterrorismo y Antimafia de Italia, y vamos a seguir buscándola cuando sea necesario".
"No nos pilló de sorpresa o desprevenidos, pero no esperábamos ese nivel de despliegue logístico", remató.
También reconoció que "el sistema de la Fiscalía no estaba preparado o diseñado para entregar cifras sobre secuestro, entonces tuvimos que reconstruir la cifra, porque lo que recibimos no nos permitía levantar cifras sobre el particular".
"Fuimos bastante criticados porque entregamos cifras y parecían inverosímiles, pero había una realidad que estaba sumergida, que era conocida particularmente por los equipos de flagrancia y por los fiscales de drogas, que conocían que en Chile se estaban cometiendo secuestros con bastante frecuencia, pero no tan sofisticados", precisó.
"DELITOS DE CUELLO Y CORBATA"
Respecto de los llamados caso audios y caso tributos, el fiscal Valencia afirmó que "la legislación chilena ha avanzado mucho en ese sentido, particularmente con la nueva Ley de Delitos Económicos".
"Ahora, no es claro que podamos aplicar la nueva ley en el caso audios, del abogado (Luis) Hermosilla, lo mismo ocurre con el megafraude tributario (...) es probable por las fechas que esa ley no alcance a aplicarse en lo sustantivo, en lo más relevante, a estos hechos nuevos, pero hemos hecho algunas cosas", anticipó.
En concreto, "en las primeras semanas de septiembre, dictamos una instrucción general, obligatoria para todos los fiscales, que dice que nadie puede acordar una salida alternativa ni un procedimiento abreviado que implique una clase de ética, un curso de probidad o de derecho administrativo, eso está prohibido. El fiscal que intente hacer eso o no se oponga a un argumento de ese tipo arriesga responsabilidad disciplinaria".
Por otra parte, atendido que la nueva norma establece penas más severas, "si conforme a la ley antigua esta persona podía aspirar a un procedimiento abreviado, pero conforme a la ley nueva no podría, aunque en caso de ir a juicio se aplique la ley antigua, cuando se trate de una propuesta del Ministerio Público se van a tomar en consideración los criterios de la ley nueva, por una razón de justicia material. Eso es lo que podemos hacer".
"Ahora, si aquí terminaremos o no con condenas severas, uno sabe cómo empiezan las investigaciones, no sabe cómo terminan, pero pierda cuidado: en lo que a nosotros nos compete, vamos a hacer todo lo posible por buscar las sanciones más severas para casos como estos, porque sabemos que toda la comunidad está atenta a lo que estamos haciendo", garantizó.
IMPUTADOS POR DEMOCRACIA VIVA
En tanto, consultado sobre la oportunidad de la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, principales imputados por el caso Democracia Viva en Antofagasta, el líder de la Fiscalía sostuvo que "sabíamos que eso iba a ocurrir en una fecha bastante próxima, en principios o mediados de noviembre".
Como llamó la atención que su arresto se concretara días antes del plebiscito, explicó que la diligencia se atrasó producto de "demoras respecto de antecedentes documentales que era necesario contar", acotando que "respecto del momento puntual en el cual se pide, eso ya es una atribución del fiscal de la causa".
A la vez, recalcó que "los tiempos de la Fiscalía son completamente distintos de los tiempos de la política y de la economía. Eso no está mal. Si alguien se hubiese enterado de que de algún modo demoramos una decisión de esa naturaleza para después del plebiscito, para no influir en el resultado, alguien que se estimaba que podría haber sido beneficiado por una decisión de ese tipo podría haber cuestionado si nuestro propósito era influir o no en el mismo, y nosotros hubiéramos tenido que decir que no, que era para no intervenir".
Por lo demás, recordó que "en Antofagasta tuvieron que vivir el caso de Karen Rojo. Los fiscales lo pasaron muy mal porque hubo un descuido, una desatención: no pidieron la medida cautelar que correspondía y Karen Rojo se fue del país cuando estaba condenada. Imagínese que por alguna de estas consideraciones extrañas al procedimiento ocurra un hecho de esa naturaleza. Entonces es saludable que la Fiscalía sea constitucionalmente autónoma".
