El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, respondió este viernes a la solicitud de Chile respecto al secuestro y homicidio del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda, perpetrado en febrero pasado en Santiago, luego de que ayer la Fiscalía de nuestro país afirmara que la única hipótesis apunta a que fue un asesinato planificado desde la nación caribeña.
"El día de ayer recibimos por vía de correo electrónico una solicitud de cooperación interinstitucional -en el marco de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos a la cual pertenece nuestra institución- por parte de una Dirección adscrita a la Fiscalia General de Chile", la cual "será respondida a la brevedad", garantizó el jefe del Ministerio Público del país caribeño a través de la red social X.
En la solicitud, según Saab, Chile "nos pide datos personales y antecedentes penales de 5 personas vinculadas al homicidio de Ronald Ojeda: en donde dos de las mismas son el propio Ojeda y otra, del hoy procesado por terrorismo Anyelo Heredia".
El fiscal venezolano aseguró que "no se trata esta de una solicitud de asistencia mutua en materia penal, realizada por los mecanismos diplomáticos correspondientes"; sin embargo, afirmó que "el Ministerio Público de Venezuela está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales".
Explicó que en Venezuela existe "una feroz lucha contra las organizaciones criminales", y en especial contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), en referencia a la vinculación de la organización conocida como Tren de Aragua, el cual -aseguró- fue "completamente desmantelado a finales del año pasado: siendo detenidos decenas de sus integrantes y colaboradores y quedando varios de ellos con órdenes de aprehensión".
Reiteró que Venezuela y su Ministerio Público tienen "la más absoluta disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional", y "ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada".
Esta mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que La Moneda "demandará que Venezuela cumpla sus responsabilidades" en el marco de la investigación por el crimen de Ojeda, cuya autoría y circunstancias aún no se han esclarecido.
Por su parte, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, confirmó minutos más tarde que el Ministerio Público chileno emitió una orden de asistencia penal internacional, con el fin de que Venezuela colabore en la dilucidación del caso.
"Si el Gobierno venezolano no responde o no colabora, Chile tendrá que evaluar las medidas a tomar", advirtió la autoridad.
Por la tarde, el Presidente Gabriel Boric emplazó al Gobierno de Nicolás Maduro a colaborar en la detención y extradición de los sospechosos del homicidio de Ojeda: "Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato, y que, una vez aprehendidos, éstos puedan venir a Chile para enfrentar a la Justicia, y que quienes sean indicados como culpables de este asesinato, sean condenados por delitos que han sido cometidos en suelo chileno", expresó el Mandatario.
Las autoridades reaccionaron después de que se difundieran unas declaraciones del fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, a Chilevisión Noticias, en las que insistió que "hasta el momento no tengo otro antecedente que nos demuestre o que nos indique hacia otro lado. En este caso nosotros hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de él en algún ilícito, por lo tanto, la única hipótesis que queda vigente es la que usted indica (móvil político)".
Hoy, en una rueda de prensa, el persecutor explicó sus dichos: "Tenemos dos venezolanos individualizados como autores de este delito", entre ellos Walter Rodríguez, quien -de acuerdo a las indagaciones- "está radicado en Venezuela, es contratado por el Tren de Aragua -o alguna otra organización-, viene a Chile, comete el secuestro con homicidio, y retorna inmediatamente".
No obstante, aunque enfatizó que "el perfil de la víctima es político" y la motivación de su secuestro no fue una extorsión común en busca de dinero, Barros negó haber apuntado abiertamente al Gobierno de Maduro: "Es un delito transnacional que se organizó en Venezuela; (pero) no he dicho que es un tema político ni quién lo organizó", subrayó.
Todo esto se da en medio del llamado a consultas por parte del Presidente Boric al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por unas recientes declaraciones del canciller de Caracas, Yván Gil, que negaban la existencia del Tren de Aragua.
