La ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseveró que el Gobierno exigirá el cumplimiento del tratado de extradición con Venezuela para juzgar en Chile a los sospechosos del crimen del exmilitar y disidente venezolano Ronald Ojeda que, según el fiscal Héctor Barros, fue orquestado en su país de origen.
Después de que Chilevisión emitiera tales declaraciones del jefe de la Fiscalía Sur en la víspera, la jefa de gabinete citó a un punto de prensa en La Moneda para este viernes, el cual comenzó asegurando que "en esta nueva etapa de la investigación", el Gobierno "va a prestar activamente toda la colaboración" al Ministerio Público.
"Lo conocido ayer ha sido fruto del trabajo que la Fiscalía ha hecho desde que este terrible crimen se cometió, en que paso a paso se han ido buscando antecedentes, priorizando ciertas tesis sobre otras, en virtud de lo que la investigación ha ido mostrando. Y a lo que nos lleva eso es que, en la próxima fase, los aspectos internacionales de esta investigación van a tomar un rol determinante", subrayó.
"En virtud de eso -continuó-, vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición al servicio del esfuerzo de hacer justicia en este caso, apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional, a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades (venezolanas), y también participación con una voz muy clara y firme en los foros internacionales, demandando la colaboración del gobierno venezolano en el esfuerzo de esta investigación".
En la misma línea, Tohá recalcó la intención del Ejecutivo de "buscar que detrás de este caso se genere la mayor cohesión posible, porque lo que importa es el interés superior del país. Un caso como este, con las implicancias que tiene, debe tener en el centro el que se haga justicia, el que se encuentre la verdad, se aprehenda a los responsables y que enfrenten las condenas que les corresponden".
Por otra parte, aseveró que el Gobierno estaba en conocimiento de los antecedentes expuestos por el fiscal Barros: "Hemos sabido paso a paso las distintas diligencias que se han hecho, los resultados que han generado, y cómo esto ha hecho que el fiscal priorice ciertas líneas investigativas respecto de otras".
"LOS OJOS DEL MUNDO ESTARÁN SOBRE VENEZUELA"
Acto seguido, la ministra admitió las "experiencias complejas" que el aparato policial chileno ha enfrentado al abordar otros delitos graves cuyos implicados están en Venezuela: "En el último año hemos tenido cuatro casos y la experiencia no ha sido positiva. Creemos que el caso del exteniente Ojeda no puede correr la misma suerte", el cual sindica como presuntos autores a Maikel Villegas y Walter Rodríguez, ambos miembros de la célula delictual Tren de Aragua.
"Lo que ha pasado en este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento, y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos. En primer lugar, aprehendiendo a los responsables, y en segundo lugar, facilitando que enfrenten la Justicia", ratificó.
En vista de aquello, relevó que el tratado de extradición entre Chile y Venezuela está vigente desde 1962, "y si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado ni por Venezuela ni por Chile. Y Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento, y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprehendidos, se les permita venir a Chile y enfrentar la Justicia en nuestro país, en virtud del delito que cometieron en nuestra tierra".
"Lo que el Gobierno va a hacer es demandar que Venezuela cumpla sus responsabilidades. No lo hacemos cándidamente; lo hacemos sabiendo que nos asiste la razón, nos asiste el derecho y nos asisten los tratados firmados por ambos países en esta materia. Lo decía recién y lo voy a repetir: esto es muy importante para Chile, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos en su comportamiento, y como país nos vamos a preocupar también de que así sea", insistió Tohá.
ROMPER RELACIONES "SERÍA RENUNCIAR A TODA POSIBILIDAD DE JUSTICIA"
La idea del Gobierno -insistió- es que "estos temas se discutan en los foros internacionales, que otros países también tomen posición en esta materia, y por cierto, vamos a ocupar los instrumentos que nos permite la relación bilateral que tenemos, la relación diplomática. Hoy mismo va a haber contacto con las autoridades, se van a mandar las notas diplomáticas del caso, y el embajador (Jaime Gazmuri) va a recibir instrucciones, de parte del Presidente, respecto a medidas adicionales que se van a tomar en la relación bilateral".
En cuanto a sectores de oposición que sugieren que estos antecedentes -así como el que el canciller Yván Gil negara la existencia del Tren de Aragua- ameritan romper relaciones con Venezuela, la jefa de gabinete advirtió que "si el país fuera por un camino de ese tipo en este momento, sería renunciar a toda posibilidad de justicia en este caso", que es la prioridad del Ejecutivo.
Por otra parte, Tohá defendió que el cuestionado convenio policial firmado por el Gobierno con Venezuela en una visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que sigue sin entrar en vigencia, "nos da una herramienta más para exigir colaboración, y ciertamente lo vamos a ocupar en esa dirección".
A la vez, estimó que el crimen de Ojeda hace ver la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de inteligencia: "Está redactándose una indicación que va a tramitarse en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en virtud de un acuerdo entre oposición y Gobierno para destrabar este proyecto. Y lo que hemos vivido en este caso y en muchos otros nos ratifica lo importante que es que ese proyecto vea la luz", enfatizó.
FISCAL BARROS: "EL SECUESTRO ES ABSOLUTAMENTE DISTINTO AL RESTO"
Poco antes del pronunciamiento de Interior, el fiscal Barros salió a profundizar sus dichos sobre la causa, planteando que "si analizan lo que ha pasado desde enero a la fecha en cuanto a los secuestros extorsivos y con homicidio del Tren de Aragua, se dan cuenta de que, después del allanamiento en las casas de cautiverio en Rinconada de Maipú, tuvimos cero secuestros extorsivos con homicidio".
"Sólo hay uno, y ese es el del exteniente Ojeda -recalcó-, y es absolutamente distinto al resto, porque jamás se pidió ni se intentó pedir un rescate: fue una víctima asesinada pocas horas de haber sido secuestrado".
Asimismo, el persecutor observó que "el Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares (...) pero en este caso, se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1.40 metros de profundidad, meterlo en una maleta, ponerle un saco de cal, y posteriormente, poner sobre esto una capa de cemento. Eso no lo había hecho el Tren de Aragua".
En definitiva, "hemos establecido que esto no fue un autosecuestro, no fue un secuestro extorsivo, y tenemos dos venezolanos individualizados completamente como autores en la participación de este delito". Barros incluso abordó el presunto modus operandi de Walter Rodríguez: "Está radicado en Venezuela, en este caso es contratado por el Tren de Aragua -o alguna otra organización-, viene a Chile, comete el secuestro con homicidio, y retorna inmediatamente a Venezuela", detalló.
En tanto, frente a quienes acusan una participación del régimen de Nicolás Maduro a raíz de sus declaraciones, el fiscal precisó que "este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela; no he dicho que es un tema político ni quién lo organizó, porque eso es parte de la investigación", aunque "si analizamos todas las causas, la única línea investigativa que nos queda es la que estamos trabajando actualmente, y es que el perfil que tiene la víctima es un perfil político".
"Estamos hablando de una víctima que ha participado en acciones en contra del gobierno venezolano y estuvo detenido nueve meses en Venezuela, se escapó de Venezuela estando detenido, y tuvo asilo político en Chile", recordó el persecutor.
