El titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, señaló que en la Cámara Baja debe existir "responsabilidad" y "coordinación para que no se vea perjudicado el trabajo legislativo", de cara a la presentación de las acusaciones constitucionales contra tres ministros de la Corte Suprema.
Hasta el momento, son tres los libelos anunciados por diferentes bancadas en contra de cuatro ministros del máximo tribunal: Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz; a raíz de las aristas que se han ido revelando en el bullado caso audios. Y también existen voces de la derecha que apuntan a Mario Carroza.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el ministro de la Segpres expresó que "no entiendo muy bien la polémica que se ha generado, porque la postura del Gobierno es clara: por un lado, hemos señalado que respetamos las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. No obstante, obviamente, esperamos que se ejerzan con responsabilidad".
"Lo que hemos señalado es que si se presentan todas las acusaciones que se han anunciado -vamos a ver cuántas se presentan-, esto obviamente genera sesiones de Sala que podrían representar una recarga respecto del trabajo actual y, particularmente que podrían entrabar el trabajo legislativo. Y lo que hemos dicho es que, al respecto, tiene que haber una coordinación para que no se vea perjudicado el trabajo legislativo", explicó.
En esta línea, precisó que ve una "muy buena disposición de todas las bancadas de realizar las coordinaciones necesarias para, por un lado, si se presenta la acusación estas se resuelvan conforme a su mérito, y por otro lado, que esto no genere algún tipo de traba o retraso respecto del proceso legislativo".
Elizalde reflexionó que "al final son estas típicas discusiones donde muchas veces se malinterpreta lo que se ha querido señalar y sacan declaraciones", por lo que llamó a "dar por superada esta polémica y trabajar todos juntos, coordinados, para hacer bien la pega".
CASO AUDIOS: "QUE SE INVESTIGUE HASTA EL FINAL"
Acerca del caso audios, el extimonel socialista aseveró que "por ser un hecho de máxima gravedad, lo que corresponde es que se investigue hasta el final, que los hechos sean completamente esclarecidos y que, de acreditarse responsabilidades penales, se apliquen en las máximas sanciones que establece la ley", y valoró las decisiones que ha tomado la Corte Suprema.
En tanto, remarcó que "esperamos que la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Congreso Nacional realicen las tareas que les correspondan con el objeto del total esclarecimiento y la aplicación de las sanciones que corresponden conforme a la ley", pero "cada uno en su rol, porque también el rol del Gobierno es contribuir a mejorar la institucionalidad, y por eso sobre la base del diagnóstico, nuestro rol obviamente va a ser promover el proyecto de modernización del sistema de nombramientos".
Finalmente, acerca del proyecto que pondría fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), Elizalde no descartó que sea presentado este fin de semana a través de cadena nacional.
"El contenido se va a conocer cuando lo anunciemos, el proyecto se hace cargo de la deuda y del sistema de financiamiento para el futuro, y es un proyecto autocontenido, porque se hacen las correcciones necesarias y eso obviamente permite una mejor administración de los recursos existentes", cerró.
"NO DEPENDE DE NOSOTROS"
Elizalde abordó en la entrevista el planteamiento formulado el fin de semana por la ministra del Interior, Carolina Tohá, de que el Congreso agregue "un día más a la semana" a su trabajo en Sala, a fin de no desatender sus labores legislativas.
La Cámara Baja, donde se debe originar una acusación aconstitucional, normalmente sesiona de lunes a miércoles en el hemiciclo.
Desde la derecha, la diputada Camila Flores (RN) remarcó que es el Ejecutivo el dueño de los tiempos en el Congreso: "Nosotros somos muy responsables a la hora de tener la claridad de que hay situaciones sociales que tenemos que atender. Acá, quien tiene la posibilidad constitucional de establecer urgencias es el Ejecutivo".
"Si el Gobierno decide incorporar los proyectos que ellos le quieren dar discusión, como el CAE o la eutanasia, o cualquiera, el que ellos quieran, tiene la potestad jurídica para hacerlo", enfatizó la parlamentaria de Chile Vamos.
Agregó que "no depende de que nosotros queramos o no queramos, o nos guste o no nos guste. Aquí las urgencias las ponen ellos. Cómo se hará compatible con las acusaciones constitucionales es algo que tenemos que resolver, y se tiene que resolver".
En la oposición, de todos modos, existen voces que desconfían de la capacidad del Ejecutivo para priorizar los debates, por estar tratando de impulsar sus compromisos programáticos en materia social por sobre -según la derecha- la agenda de seguridad.
"Claramente cuesta imaginarse que el Gobierno va a lograr ordenar sus prioridades. Si ha sido el mismo Presidente de la República el que ha dicho que durante el mes de septiembre sus prioridades legislativas van a ser el CAE y la eutanasia. Todo esto en medio de la crisis delictual, de violencia, de inseguridad más grande que ha vivido nuestro país en décadas", dijo el diputado Luis Sánchez, jefe de la bancada del ultraderechista Partido Republicano.
En la misma línea, su par Joanna Pérez, de Demócratas, comentó que "en ningún caso las acusaciones constitucionales pueden afectar una agenda ciudadana en materia de seguridad; nosotros administraremos los tiempos sin afectar las urgencias de la ciudadanía, que no son las mismas urgencias de un sector ideologizados del Gobierno".
Desde La Moneda sostienen que todos los debates se desarrollarán en sus respectivos espacios: "Nuestro país tiene múltiples necesidades, y evidentemente que hay unas que tienen una prioridad de primer orden y otras de segundo o tercero, pero no quiere decir que las de primer orden inhiban que la democracia resuelva las del segundo o tercer orden", apuntó la ministra vocera, Camila Vallejo.
"Una cosa no quita la otra", porque "tenemos una agenda de seguridad que sigue avanzando, que pasa además por comisiones de seguridad; y tenemos otras urgencias y necesidades ciudadanas, como el CAE o la ley de eutanasia, que pasan por toras comisiones", recalcó.
IMPASSE TOHÁ-AEDO
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC), dio por superado el "impasse" con la ministra Tohá, a quien había cuestionado por presuntamente haberse "desubicado" por su planteamiento sobre los tiempos del Legislativo.
"Como vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados quiero valorar las palabras de la ministra Tohá, que retrocede respecto de las críticas que había entregado. Damos por superado esta situación, (y) la Cámara va a tramitar oportunamente las acusaciones constitucionales, pero además vamos a trabajar concienzudamente", comentó.
Tohá, en tanto, lamentó: "Se responde por parte de un dirigente de una bancada, un parlamentario, como que yo hubiera hecho una crítica", en un contexto donde "lamentablemente fue un error de información, porque nunca la he planteado (la supuesta crítica)".
"Al revés, he planteado mi confianza en que se va a poder trabajar y hacer las dos cosas (tramitar la agenda legislativa y las acusaciones constitucionales)", enfatizó.
