Gobierno critica los "frágiles" argumentos de la CPC contra ley de delitos económicos

El Gobierno volvió a cuestionar el "téngase presente" que interpuso en el Tribunal Constitucional la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne al gran empresariado del país, contra la recientemente aprobada ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente.

La CPC acusa que la normativa establece un régimen punitivo para personas que tienen cargos de alta responsabilidad; y esta semana sumó el respaldo de una de sus ramas, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que interpreta que "podría tener impactos significativos en la actividad empresarial" e instalaría un estándar jurídico distinto para directivos y gerentes de empresas, presuntamente alejándose del principio de igualdad ante la ley.

Ante esos planteamientos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, destacó primero que "éste fue un proyecto que se tramitó durante cuatro años" y que "tiene una sólida conformación técnica desde el punto de vista penal".

"Existen desafíos de implementación, no cabe duda, pero la afirmación sobre las cuales descansa la presentación tanto de la CPC como de la Sofofa, el Ejecutivo considera que están construidos sobre argumentos frágiles, son jurídicamente débiles", sostuvo.

Como un punto "muy relevante", también hizo un llamado de atención a los privados, particularmente los que están organizados en torno a la CPC, a que consideren que para "cada reforma importante" no pueden terminar recurriendo "siempre al mismo argumento, de que va a afectar la inversión, porque de tanto repetirlo, al final se diluye en el tiempo".

Un grupo de senadores de diversos partidos políticos acudirá al TC para respaldar la despachada iniciativa. Matías Walker (Demócratas), uno de los impulsores de la ley, advirtió que en el futuro fallo se juega la "dignidad de nuestra democracia", dado que el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional.

El presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma Correa, por su parte, evitó polemizar con el gran empresariado y defendió que tiene derecho a presentar sus reparos.