Gobierno vetará la recuperación "por mano propia" de los bienes usurpados

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno enviará un veto presidencial para reponer la discusión en el Congreso del proyecto de ley que apunta a combatir las usurpaciones.

La iniciativa, aprobada este miércoles por la tarde por el Senado, ya había sido visada por la Cámara de Diputadas y Diputados en la víspera, por lo que la iniciativa cumplió su último trámite parlamentario.

El proyecto fue despachado del Congreso tal como salió de la Cámara Baja; esto es, con la indicación que incorpora la polémica figura de la "legítima defensa privilegiada", a pesar del despliegue realizado por el Ejecutivo, que advertía sobre las complejidades de esta disposición.

Finalmente, la controvertida indicación fue visada por 24 votos a favor, 17 en contra y una abstención en la Cámara Alta.

La ministra Tohá afirmó que el proyecto despachado por el Congreso "es necesario", pero se lleva a un extremo si permite acudir a bandas armadas y provocar cualquier clase de daño al usurpador.

"Hemos visto esta discordia dramática en la Cámara y el Senado, porque este proyecto se ha ocupado lamentablemente para extremar las cosas al punto tal de que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse, causando cualquier daño de manera ilimitada. De manera explícita eso es lo que dice la ley. Por eso el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley", declaró en una rueda de prensa en el Congreso Nacional, en Valparaíso, tras la votación.

La titular de Interior recalcó que "el Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa; no va a vetar que este sea un delito permanente; no va a vetar que se excluyan a los campamentos", sino que "lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, pueda ir con sus propias manos a reivindicar sus derechos, porque para eso está el Derecho, para eso están las policías, para eso los tribunales, para eso las sociedades civilizadas han establecido el monopolio de uso de la fuerza en las policías", que calificó como "un avance civilizatorio que como Gobierno no vamos a permitir que Chile pierda".

"Por eso esto no es solo una decisión política o legislativa; es una obligación moral que tenemos como Gobierno; es una obligación ética no permitir que el país retroceda en algo tan básico", remarcó.

Respecto a la fecha en que será presentado, la ministra señaló que "tenemos un mes para ingresarlo", y agregó que "tenemos que hacerlo obviamente con una prioridad, pero bien".

EN QUÉ CONSISTE EL VETO PRESIDENCIAL

En simple, el veto presidencial se trata de una atribución del Presidente de la República para sancionar un proyecto de ley, ya sea con el rechazo o modificación de algún aspecto de la norma, el cual ejerce una vez que cumplió su trámite en el Congreso, pero en la etapa previa a la promulgación.

"Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto (despachado), lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días", señala el artículo 73 de la Carta Fundamental que consagra esta disposición.

En la práctica, el "veto presidencial" somete nuevamente a discusión legislativa una materia de ley; por lo tanto, no se refiere a un "veto absoluto". Si el Presidente rechazara un proyecto por completo, ambas Cámaras podrían insistir en la aprobación del mismo, con el acuerdo de los dos tercios (dos tercios) de los diputados y senadores.

A través de esta acción, el Presidente puede agregar un artículo o capítulo a la ley, lo que se conoce como veto aditivo. Asimismo, puede aplicar un veto sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo del proyecto; o un veto supresivo, para eliminar parte del proyecto de ley.

En cualquiera de sus formas, las correcciones que haga la autoridad deben tener relación directa con las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa y deben ser sancionadas por ambas Cámaras, según señala el mismo artículo de la Constitución.

FELIPE KAST: PRESIDENTE, RESPETE LA DEMOCRACIA

Por su parte, el senador Felipe Kast (Evópoli), uno de los autores del proyecto, aseguró que "éste es probablemente el proyecto de ley más importante que hayamos aprobado en las últimas décadas para la región de La Araucanía", porque -a su juicio- "termina con las mafias de aquellos que se sienten con el derecho de poder abusar en la intimidad de las familias que efectivamente solo quieren vivir en paz".

"Le quiero decir el Presidente Boric: respete la democracia, y no nos venga a amenazar con un veto", emplazó.

Además, recordó el caso del empresario Alejandro Correa, víctima de un crimen por encargo en Quilpué, Región de Valparaíso, para plantear que la ley "no es sólo para La Araucanía: el padre de Valentina Correa fue asesinado por un sicario, mandado por un usurpador".