Tras el revés sufrido ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados —donde la iniciativa fue rechazada por apenas un voto tras alcanzar 88 de los 89 apoyos requeridos (con 28 votos en contra y 19 abstenciones)—, el Gobierno confirmó este miércoles que insistirá con su reforma constitucional para ampliar de cinco a 30 días el plazo de detención para las expulsiones administrativas de extranjeros.
La propuesta facultaba además al Ejecutivo para habilitar recintos especiales destinados a albergar a los ciudadanos sometidos a este proceso.
La determinación fue ratificada por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, quien fustigó las abstenciones y ausencias en la Sala y confirmó la decisión de recurrir a la Cámara Alta.
"Los dejaron entrar y hoy día ellos mismos no quieren que se vayan, pero nosotros, como estamos conscientes de que tenemos que hacer cumplir la ley y que necesitamos regularizar la situación, vamos a insistir por el Senado con los dos tercios para que se pueda seguir tramitando esta iniciativa. Lo único que quiero pedir es un sentido de responsabilidad", abogó.
Frente a la intención anunciada por Alvarado de insistir en la Cámara Alta con el articulado rechazado, el ministro José García Ruminot adoptó un tono más cauto, afirmando que están "evaluando esa situación junto con el ministro del Interior".
"Estamos conversando con las senadoras, con los senadores. Nos gustaría mucho insistir", puntualizó el secretario de Estado.
"Realismo legislativo": el escenario en la Cámara Alta
Para rehabilitar la tramitación mediante la insistencia constitucional, el Gobierno requiere alcanzar un quórum de dos tercios de los senadores presentes.
Ante esta exigencia, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), instó al Ejecutivo a actuar con "realismo legislativo" y manifestarse abierto a flexibilizar la propuesta.
"Para insistir en el Senado, convengamos que no vamos a insistir con el mismo texto, sino con el argumento de fondo, porque ese argumento operó también en el Gobierno pasado, cuando se amplió el plazo de detención, porque se entiende que efectivamente en ese plazo ampliado se producen mayoritariamente las expulsiones necesarias", sostuvo la parlamentaria.
"Si tiene que ser un plazo menor con tal de insistir en el Senado, bueno, será parte de la discusión que tengamos", agregó Núñez.
Por su parte, el senador Iván Flores (DC) señaló que "tal como fue (la votación) en la Cámara, yo diría que lo estoy pensando".
"Si arreglan las cosas, por supuesto que vamos a apoyar la agenda de seguridad. Si los proyectos que están allí en general, excepto la reforma constitucional, son todos acompañables, pero arreglen primero la mochila y y los proyectos", enfatizó.
La lección, según Arrau: "No hay que confiarse"
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, lamentó la falta de respaldo durante una intervención en el ciclo "Conoce a tu Ministro" de Icare.
"Llegado el momento de la votación en general, desaparecieron algunos votos y se rechaza esto. Es gravísimo, porque es una herramienta tremendamente práctica y hoy día quedamos sin esa herramienta. Hicimos este sistema laborioso, costoso, inoperante que tenemos... No hay que confiarse, parece", enfatizó.
Arrau rambién argmentó que "yo por mí no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante. Por ejemplo, en obras públicas no iba el ministro al Congreso, iba el especialista de tal tema. Y usted entenderá que yo no soy especialista en materias penales constitucionales, cosas de ese estilo".
"Espero no tener que ir más de un día al Congreso. Ya se votó una ley muy importante, antibarrricadas 2.0, pero no puedo estar ahí. Hay que ir a tramitar las leyes que sean realmente necesarias y urgentes", resaltó.
La respuesta a sus palabras no se hizo esperar, y fue el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que los "ministros del presidente Kast tienen que tener claro que parte de sus obligaciones como colegisladores es concurrir al Congreso, sacar adelante la agenda legislativa".
"Uno pocas veces en la vida hace lo que quiere, normalmente corresponde hacer lo que uno tiene que hacer y el ministro de seguridad tiene que venir al Congreso a tramitar la agenda legislativa", indicó.
Desde la Cámara Alta, en tanto, el senador Matías Walker (independiente) instó a que "el ministro de Seguridad se ahorre los viajes al Congreso, porque al parecer para él es una molestia. No tenemos problemas en entendernos con el ministro (de la Segpres) José García Ruminot, que sí respeta al Congreso Nacional".
En paralelo al debate migratorio, la Cámara Baja aprobó y despachó al Senado el denominado proyecto "Antibarricadas 2.0", que endurece las sanciones penales para quienes interrumpan el tránsito o corten vías públicas mediante violencia, intimidación u obstáculos que generen un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas.
Asimismo, la normativa extiende la aplicación de multas de hasta 20 UTM y penas de presidio menor a quienes causen afectaciones graves a los servicios de transporte masivo, como la interrupción de la red del Metro de Santiago.
