El Senado aprobó la tercera redacción de la norma que busca sancionar penalmente las filtraciones de investigaciones judiciales, aunque la nueva versión también fue rechazada por el Colegio de Periodistas.
La Comisión de Constitución del Senado decidió excluir a los periodistas dentro del listado de quienes pueden ser sancionados, por lo que esta versión contó con apoyo transversal llegando a 29 votos a favor y solamente tres abstenciones, de los senadores independientes.
Pedro Araya (Ind), presidente de la Comisión de Constitución, explicó que "un periodista que por a, b o c motivo recibe información que no es objeto del secreto o que es filtrada no está sometida a esta disposición penal".
"Solamente entran en esta disposición penal y van a poder ser sancionados penalmente, según lo que indica esta norma, quienes están obligados a guardar el secreto, que son funcionarios públicos que conocen de la investigación, los intervinientes del proceso y los particulares que deben cumplir una diligencia ante un tribunal", agregó.
El presidente de la UDI, Hernan Larraín, manifestó que "no hay ninguna justificación para que toda la interpretación que alguna prensa le ha dado a lo que hizo la comisión justifique señalar que aquí el Senado o la Comisión de Constitución han intentado poner una Ley Mordaza, ocultar a los poderosos o ninguna otra explicación de esa naturaleza".
Las modificaciones también cuentan con el apoyo del Ejecutivo, como precisó el ministro del Interior, Jorge Burgos.
"A juicio del Gobierno, la fórmula resuelta por la comisión y propuesta por el presidente de la comisión al honorable Senado soluciona los eventuales problemas interpretativos que algunos creían tenía la primera norma", recalcó.
Las penas a quienes filtren este tipo de información también fue rebajada, y ya no llegará hasta tres años, sino que solamente podrán ser condenados a un máximo de 541 días de presidio o multas de hasta 200 UTM (ocho millones de pesos).
Rechazo de periodistas
La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, valoró los avances, pero aún así manifestó sus dudas sobre la posibilidad de acceder a nuevas fuentes por temor a sanciones.
"Si bien excluye a los periodistas de sanciones penales, entendemos que acoge un postulado que nosotros planteamos", dijo.
"Mantiene todavía una dificultad a la hora de acceder a las fuentes y además nosotros evaluamos que puede generar incluso una cultura del amedrentamiento, donde aquí quienes tengan información, por ejemplo de los casos de corrupción que ya conocemos, no se atrevan a entregarla porque justamente pueden ir a la cárcel", agregó.
El periodista y senador independiente, Alejandro Guillier, explicó que se abstuvo en la votación debido a que la iniciativa "es buena en el sentido de que se saca a los periodistas del riesgo de aplicarles la norma por el deber de informar, pero se mantienen las limitaciones del acceso a la fuente y se inhibe a la fuente de entregar información".
"Yo siempre pienso que cuando se restringe la libertad de información la ciudadanía pierde", precisó.