La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al procedimiento policial en San Antonio, donde un carabinero mató a un sujeto que intentó eludir un procedimiento policial, y señaló que "se tiene que establecer qué objetivo tuvo el disparo", a lo que el diputado Jorge Alessandri (UDI) respondió que la secretaria de Estado "no hizo bien con esas declaraciones" y llamó a aclararlas.
El hecho se registró la tarde del sábado, cuando el antisocial que fue abatido previamente había atropellado a un funcionario policial. La ministra Tohá, en tanto, dijo que "el proceso del carabinero que disparó, lo va a tener que definir la justicia", añadiendo que siempre "se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona, o una huida".
En esta línea, el diputado Alessandri expresó en El Diario de Cooperativa que fueron "demasiado impresionante esas declaraciones", ya que "si estamos en un país donde una persona, más allá del tremendo prontuario, atropella a un carabinero intencionalmente y el otro carabinero no le puede disparar, aunque sea después, resulta que hay que cerrar el país por fuera e irnos todos a otra parte, porque lo que estaba intentando ese carabinero ya no era evitar el atropello, era que ese antisocial siguiera atropellando quizás a otros controles policiales, quizás a una mamá que iba cruzando con un coche".
"Yo siento que tenía todas las facultades y tenía la obligación de detener, porque si esa persona estaba dispuesta a atropellar a un policía en forma intencional, quizás qué iba a estar dispuesto a hacer 10 minutos después", recalcó
Y continuó: "me impactó mucho que la ministra del Interior relativizara eso, porque estuvimos hablando de estos temas el sábado en La Moneda largamente y me dio una impresión totalmente distinta, de apoyo, me parece que no hizo bien con esas declaraciones y sería bueno que las aclarara", indicó el parlamentario gremialista.
En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, puntualizó que "las leyes penales actúan de manera retroactiva", y que en este caso del funcionario en San Antonio, "nuestra expresión jurídica que va a estar amparado por los contenidos de la Ley Naín-Retamal, evidentemente la ley también plantea que en el curso de la investigación, si finalmente las diligencias determinan que el uso del arma de fuego no cumplía esas condiciones, bueno en ese caso la ley deja de ampararlo, pero eso es parte de la investigación".
Finalmente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, estimó que Tohá se limitó hacer "una precisión jurídica", pues "si se aplica Naín-Retamal, aplicará la regla de presunción, que es legítima defensa; si es un caso de huida, es la hipótesis del 411 del Código de Justicia Militar".
ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA REGIÓN METROPOLITANA
Por otra parte, Alessandri se refirió a la posibilidad de implementar un estado de excepción en la Región Metropolitana, como una medida para controlar la inseguridad en la zona: "pueden estar dadas las condiciones, las urgencias, la premura de las personas, pero también hay que ser realistas", dijo, argumentando que las Fuerzas Armadas están actualmente trabajando en las regiones de La Araucanía y el Biobío, como también en la Macrozona Norte, "y además estar en las 52 comunas de la Metropolitana no parece posible logísticamente", puntualizó.
Por lo que señaló que esta medida "no creo que sea efectiva". Pese a lo anterior, planteó la idea de un "estado de excepción administrativo", y explicó que se trata de poner "a disposición todas las oficinas del Estado", como el Registro Civil y el Servicio Médico Legal, para que "el Estado se ponga las pilas, no solamente en Fuerzas Armadas y en presencia en las calles, que las oficinas del Estado entraran en un modo de emergencia".
"Hoy día nuestro Estado va fiscalizando por picoteo, le cuesta mucho coordinarse y conversar, y la burocracia nos termina comiendo", concluyó.
