La Cámara de Diputados aprobó, por 76 votos a favor, 36 en contra y 23 abstenciones, la idea de legislar y derivó a la comisión de Derechos Humanos un proyecto de ley que tipifica como delitos la incitación a la violencia y al odio.
El proyecto también sanciona el negacionismo, es decir, a quienes nieguen casos de violaciones a los derechos humanos establecidas en informes oficiales como las comisiones Rettig, Valech, Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura y otras que puedan crearse en el futuro.
El diputado Jaime Bellolio (UDI) planteó que "algunos se quieren escudar en que el ejercicio de la violencia y el odio es siempre del otro. En esta sala hay un diputado que sube una fotografía de él mismo asesinando a un Presidente".
"Bajo esta legislación, ¿eso está bien o está mal? Algunos dicen 'eso no, eso es libertad de expresión' ¿En qué quedamos?", cuestionó.
Uno de los impulsores de esta iniciativa, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), indicó que "lo único que estamos haciendo con esto es proteger el dolor de los familiares de las víctimas y eso es lo que han hecho las sociedades modernas".
"Hoy día leí que en Alemania mantiene en prisión a una anciana, creo de 92 años, por negar el Holocausto. Lo único que decimos es que la libertad de expresión tiene un límite", recalcó.
La iniciativa contempla multas de hasta casi tres millones de pesos y penas de cárcel, de hasta tres años y un día, para el delito de negacionismo.
Cuestionamientos del Gobierno
El proyecto no cuenta con el respaldo del Gobierno y tras esta votación, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó que "no estamos conformes con la iniciativa tal cual se ha aprobado, porque, en alguna medida, se está sancionando con cárcel la libertad de expresión".
El secretario de Estado añadió que "nosotros creemos que las penas privativas de libertad, que son la ultima ratio del derecho penal, deben estar muy circunscritas y no aplicarse a este tipo de conducta".
El ministro Larraín también apoyó las acciones del Ministerio del Interior al invocar la Ley de Seguridad del Estado contra dirigentes de la ACES que llamaron a boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
