María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, calificó como "completamente incomprensible" la gestión del Gobierno las primeras horas tras conocer el caso por violación en contra del exsubsecretario, hoy en prisión preventiva.
Consultada en El Diario de Cooperativa por su opinión del permiso otorgado al imputado para viajar a ver a su familia, o de la polémica conferencia del Presidente Gabriel Boric, la jurista indicó que "no me gusta mucho el tema político, pero esta es una cuestión objetiva que la diría respecto de cualquier persona: me parece completamente incomprensible, y voy a agregar un elemento que lo hace más incomprensible aún".
"Uno puede decir -continuó- que 'hay una denuncia, y hay que ver qué pasa acá'; lo que es incomprensible es que no es que se hayan enterado de que existía una denuncia, sino que había un fiscal (Xavier Armendáriz) con una orden de incautación. O sea, hubo un juez que dio esa orden, entonces no estamos hablando sólo de una denuncia" al momento de evaluar la salida de Monsalve.
Dicho esto, Santibáñez valoró que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconociera ante la comisión investigadora del caso que "claramente hubiera sido mejor dejar cerrada esta definición el miércoles en la tarde".
"Me parece muy bueno lo que hizo, porque eso es nobleza, ¿cierto? Una persona se puede equivocar, y ofrecer disculpas en relación con eso me parece sumamente noble", apuntó.
En cuanto al respaldo del Gobierno tras la renuncia de Monsalve, sostuvo que la mujer "ha recibido llamadas de los ministerios del Interior y de la Mujer, me parece, pero todo esto muy posterior, cuando yo estaba asumiendo la representación", es decir, una semana después de que estallara el caso en La Moneda.
En ese entonces, "ella ya tenía apoyo de esta naturaleza, pero cada cierto tiempo me informan que sigue disponible esa ayuda si es que ella lo requiere".
La denunciante no va a declarar
Sin entregar detalles de su ubicación actual, Santibáñez resaltó que "desde que ocurrieron estos hechos, desde que le cuenta a su familia, siempre alguien de su familia ha estado con ella", y en paralelo, está siendo atendida por "psicólogos y psiquiatras especialistas en trauma, así que afortunadamente, está en las mejores manos".
En la misma línea de resguardar su privacidad, negó que la exfuncionaria de Gobierno vaya a declarar en lo inmediato: "Eso no va a ocurrir. Mi responsabilidad como representante de ella es mantenerla protegida, sobre todo de lo que es la exposición pública, en un caso como este".
"Además, lamentablemente, han tenido que conocerse cuestiones súper íntimas de la persona (durante la formalización), así que salvo que los especialistas digan que es recomendable que esto pase, no creo que eso ocurra. A lo mejor más adelante, más cerca del juicio, pero en este minuto no hay ninguna posibilidad de que ella dé una entrevista", remató.
Complejidades de imputar a Monsalve por vulnerar Ley de Inteligencia
Se estima que la segunda arista del caso Monsalve por eventuales delitos de vulneración de la Ley de Inteligencia, obstrucción a la investigación y malversación de fondos públicos demore más tiempo en desarrollarse, ya que se presume que es complejo establecer el tipo penal con el que comenzará la acusación.
La Ley de Inteligencia tiene al menos dos artículos que establecen sanciones por su mal uso: primero, está el artículo 43, que castiga desde cinco a 20 años de cárcel a sus funcionarios de usar, a beneficio propio o ajeno, la información recopilada por las agencias.
Sin embargo, según la abogada Angélica Torres, esto no permite esclarecer con exactitud la situación del exsubsecretario: "Hay que preguntarse si él ostenta la calidad de 'funcionario' de los organismos de Inteligencia. Además, (en la norma) no queda del todo claro si se busca proteger el buen funcionamiento del sistema propiamente tal o el uso de la información que el sistema recopila o elabora", señaló.
En tanto, el otro artículo corresponde al número 23, que no se limita a funcionarios. Éste sanciona el uso específico de procedimientos especiales que son atribuidas a la Ley de Inteligencia -como intervenciones telefónicas o levantamiento de cámaras-, pero aplica sanciones más bajas.
