El Pleno del Consejo Constitucional aprobó este miércoles los capítulos sobre la Defensa Nacional y la Seguridad Pública, que la derecha agregó al texto pues no estaban contenidos en el anteproyecto de los expertos, algo que el oficialismo había tratado de impedir -sin éxito- mediante un reclamo en la Corte Suprema.
Entre los asuntos visados se encuentra la ratificación constitucional de la Justicia Militar: las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. En tanto, los civiles que hayan estado involucrados en ningún caso podrán ser juzgados por esos tribunales.
También fue refrendada la norma transitoria, relativa a la seguridad pública, que crea una Policía Fronteriza, encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales.
"Podemos decirle con mucha satisfacción a la ciudadanía, va tomando forma la 'Constitución de la Seguridad'", aseguró el consejero republicano Luis Silva.
"Es la 'Constitución de la Seguridad' -insistió- porque, aparte de reconocer el estatuto constitucional de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, se les garantiza un estatuto robusto contra cualquier amenaza por debilitar la función que están llamados a cumplir, para resguardar nuestro país puertas afuera y puertas adentro".
"USO DE CARABINEROS PARA GENERAR ADHESIÓN"
Una opinión distinta planteó desde el oficialismo la consejera Paloma Zúñiga (Revolución Democrática), quien achacó una utilización política de la institución de Carabineros por parte de la derecha.
"Me tiene muy, muy preocupada el uso político que se ha hecho a la institución. Se ha usado políticamente esta institución para ganar votos, para generar adhesión en la población, cuando en realidad el tema de seguridad pública es un tema serio, un tema que requiere que todas y todos hagamos el esfuerzo para mejorar, modernizar y avanzar en materias de institución policial", sostuvo.
"Lamentablemente vemos cómo, discurso tras discurso, se ha usado la institución para sacar réditos políticos", fustigó.
El Pleno aprobó una eximente penal para las policías, similar a la vigente con la Ley Naín-Retamal: establece que corresponderá a la legislación determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal, considerando especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber.
El oficialismo votó en contra y, en la derecha, Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN) se abstuvieron, pues consideraron que no es una materia que deba discutirse a nivel constitucional.
De acuerdo con lo visado en el Pleno, las Fuerzas Armadas estarán sujetas a los controles de probidad y transparencia y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán colaborar con las municipalidades.
En tanto, fue rechazada una enmienda de la izquierda para consagrar el respeto irrestricto al orden democrático constitucional y a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas: el oficialismo votó a favor y la derecha se abstuvo.