El senador Francisco Huenchumilla, representante de la Democracia Cristiana por La Araucanía, afirmó este sábado que el Consejo Constitucional "tiene la obligación" de convocar a una consulta indígena respecto de los artículos del futuro proyecto de nueva Carta Magna que sean susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.
El asunto se ha convertido en uno de los primeros nudos que deberá resolver la directiva del órgano constituyente, presidida por Beatriz Hevia (Partido Republicano), luego de que el consejero indígena Alihuen Antileo solicitara un pronunciamiento a la mesa.
Según aseveró Antileo en una rueda de prensa el lunes pasado, "hay dos o tres artículos del anteproyecto que tendrán un impacto en la vida y desarrollo de los pueblos indígenas", por lo que se hace necesario llevar a cabo una consulta indígena en conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual regula este tipo de instancias cuando una política pública o norma legal afecta a los pueblos reconocidos por los respectivos Estados.
Al respecto, Huenchumilla, de origen mapuche, respaldó que "el Consejo Constitucional tiene la obligación de dar cumplimiento a la consulta indígena que establece el Convenio 169".
"Este es un tratado internacional ratificado por Chile que se encuentra vigente y el propio anteproyecto de la Comisión Experta, en el artículo VII, lo reconoce expresamente, al señalar que 'el Estado respetará y promoverá los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, garantizado por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes'", reseñó el senador.
En tal sentido, el exintendente advirtió que "sería muy contradictorio que el propio anteproyecto de la Comisión Experta, en su artículo VII, establecería la obligatoriedad de los tratados internacionales y, por otro lado, no se diera cumplimiento por parte del Consejo Constitucional".
"A mi juicio, eso debe cumplirse y el Consejo tendrá que establecer los mecanismos mediante los cuales esa consulta se va a efectuar o nos vamos a encontrar que el texto que se proponga puede establecer una situación de ilegalidad y, por lo tanto, carecer de legitimidad, que pudiera ser impugnada por distintas organizaciones ante tribunales internacionales o ante organismos internacionales", alertó Huenchumilla.
Aquello, agregó, "crearía un problema político para el país, en orden a que este proceso constitucional, que reconoce expresamente al Convenio 169, no estaría dando cumplimiento a lo que ordena este convenio, en orden a que tiene que consultarse a los pueblos indígenas cuando se establecen normas legales cuando los afectan directamente".
