El consejero republicano dijo que la ciudadanía "no encontrará nada que se califique de identitario".
Confirmó que votará a favor, pues el texto "es suficiente para dar por superado este impasse constitucional".
El republicano destacó las normas de seguridad y sistema político como aspectos transversales de la propuesta en discusión.
El consejero republicano Luis Silva conversó con El Diario de Cooperativa sobre la propuesta que vota hoy ese órgano y que será plebiscitado en diciembre, asegurando que el texto "no tiene color político".
Silva manifestó que "cuando tú le presentas el texto aprobado por el Pleno a una persona que se ha mantenido relativamente ajena al proceso, que quizás no conoce la Constitución vigente, y le muestras el texto aprobado, yo te aseguro que no va a encontrar nada que la gente califique de identitario, porque la seguridad, la preocupación por la seguridad que está impresa en el texto aprobado es una cuestión que no tiene color político".
"La importancia de la estabilidad en el sistema político, de la cual el proyecto aprobado por el Pleno se hace cargo de manera muy robusta, no tiene color político, es transversal", añadió.
No, no es así. El proyecto que se aprobó en el Pleno no va ni un milímetro más lejos que la Constitución actual y de hecho, en muchos sentidos avanza más, porque hay un reconocimiento explícito al derecho de huelga, cosa que no existe en la Constitución vigente. Lo que sí, se entiende la crítica especialmente de la CUT por la prohibición -que también está en la Constitución actual- de la huelga de funcionarios públicos.
A mí me parece que no tiene ningún fundamento, porque lo que se hace es mantener prácticamente intacto el texto de la Constitución vigente: se reemplaza "del que" por "el quien", el alcance de la disposición no va más allá de lo que va a la disposición actual. Es simplemente reforzar la conciencia de que lo que se está gestando en el seno de la mujer es un ser humano, no es más que eso.
El reconocimiento de que lo que está gestándose es un ser humano es un intransable; el cómo se dice eso obviamente admite muchos matices, muchas formas, y es lo que está ocurriendo en el Consejo hoy día. De hecho, la pelota hoy la tiene el Comité de Expertos, que recordémoslo, que está integrado con una representación política muy distinta a la que tiene el Consejo.
La otra asimetría que es interesante es que la centroizquierda tiene una representación que no tiene en el Consejo, en absoluto, es decir, no hay un solo representante de la centroizquierda -con eso quiero decir Amarillos, Demócratas, PPD, Partido Radical, Democracia Cristiana- en el Consejo, y sin embargo, tiene representantes en el Comité de Expertos. Entonces se generan unas dinámicas políticas muy interesantes, diferentes por supuesto, que es lo que explica también el juego que se dio entre el anteproyecto de los expertos y el proyecto aprobado por el Consejo.
Los criterios con que el Tribunal Constitucional interpretó la norma de la Constitución vigente son los mismos con los que podría interpretar la disposición que se podría llegar a aprobar en el plebiscito. Recordemos que el texto aprobado por el Pleno hoy día está sujeto a la revisión por parte de los expertos, y el jueves por la noche tendremos el conjunto de las observaciones aprobadas por el Comité de Expertos, que van a tener que ser votadas en el Pleno, y allí sabremos cuáles son las observaciones que puedan tener respecto a esta materia.
Esa es una decisión que tiene que tomar la directiva del partido, yo ahí no me he metido nada, aunque soy miembro de la directiva. Hoy día no tengo una opinión sobre eso, porque creo que esta es una discusión que comprende demasiados planos distintos del jurídico, del legal. Por lo tanto, creo que es una cuestión de modular cuáles son los distintos mecanismos -sociales, culturales, políticos, jurídicos- a la hora de dar esta batalla, que ciertamente a mí me interesa dar; me interesa el reconocimiento de quien se está gestando como un ser humano.
Recordemos que esa es la premisa fundamental en nuestro ordenamiento: la ley de aborto es una ley de despenalización excepcional, pero el principio básico se puede encontrar en algo tan elemental como una cajetilla de cigarrillos, en donde te advierten con la foto de una mujer embarazada que lo que está allí es tu hijo y fumar le hace daño. Está súper bien establecido en nuestra sociedad, en los fundamentos del ordenamiento jurídico y político que lo que está allí es un ser humano, y la despenalización del aborto es absolutamente excepcional. Nosotros simplemente queremos reforzar la premisa.
Claro, pero eso es un juicio sobre lo que ocurrió el 2017 (...) La cuestión fundamental es recordar que nuestra posición consiste en defender la vida, es un reconocimiento a la vida como una condición invaluable de todo ser humano, sin condiciones, ese es el punto de partida. Luego cómo se modula, cómo se materializa, cómo se proyecta eso, obviamente que obedece a muchísimas circunstancias.
Lo que consagra la norma que se aprobó en el Pleno nace de una consideración humanitaria, y es que una persona que está con una enfermedad terminal declarada médicamente, de acuerdo a los criterios establecidos por la ley, pueda morir en un lugar distinto de la prisión, es simplemente eso. A quienes beneficie es una cuestión temporal que no va a decidir el constituyente, sino que va decidirlo un juez, de acuerdo a los criterios fijados en la ley, para determinar cuándo ese enfermo está desahuciado.
Siempre repito lo mismo: a mí no me parece coherente defender a la humanidad contra sus agresores excluyendo a los agresores de lo que llamamos humanidad. Es decir, tú no puedes invocar razones humanitarias para tratar a alguien de manera inhumana, y honestamente me parece que reconocerle a alguien la posibilidad de morir en un lugar distinto de la prisión no tiene color político.
La opinión de Verónica Undurraga y con ella de otras muchas personas creo yo que responde, en buena medida, a sus expectativas, que obviamente nacen de una posición política en materia de seguridad, de medio ambiente, en derechos sociales, etcétera. Y también hay que recordar que en el caso particular de Verónica Undurraga y de muchos como ella, están muy cerca del proceso, han sido protagonistas, y por lo tanto, conocen cada uno de los pasos que se han dado para llegar a la redacción actual.
Pero cuando tú le presentas el texto aprobado por el Pleno a una persona que se ha mantenido relativamente ajena al proceso, que quizás no conoce la Constitución vigente, yo te aseguro que no va a encontrar nada que la gente califique de identitario. Porque la preocupación por la seguridad, que está impresa en el texto aprobado, es una cuestión que no tiene color político.
La importancia de la estabilidad en el sistema político, de la cual el proyecto aprobado por el Pleno se hace cargo de manera muy robusta, no tiene color político, es transversal, (al igual que) la preocupación por el fraccionamiento que se vive en el Congreso y que hace tan difícil, no sólo que se pongan de acuerdo entre ellos, sino que también puedan conversar con el Presidente de la República.
Efectivamente, medida que no debe entenderse separada de otra muy importante que es el llamado "redistritaje", es decir, cuál es el máximo de diputados que se pueden elegir por distrito. Desde mi conocimiento, es primera vez en la historia electoral de Chile que la distribución de los diputados a lo largo del territorio se le entrega a un órgano sin interés directo en cómo quede distribuido. Recordemos que el Servel no sólo es un órgano técnico, sino que es órgano autónomo, y tú no le estás entregando -como ha sido siempre la tónica- al Congreso la decisión de cómo se distribuyen los cargos de diputados.
Creo que no es viable y de hecho, hace mucho tiempo hice una advertencia de no confundir la transversalidad con la unanimidad. Son dos criterios que pueden coincidir pero que no coinciden de hecho, y en un órgano como el actual, donde va el arco político desde Republicanos al Partido Comunista, incluyendo un representante de los pueblos originarios, si entendemos la transversalidad como la unanimidad, es un ideal utópico.
Te pongo un ejemplo muy concreto que demuestra -por lo menos para mí- de manera muy, muy clara la dificultad de llegar a esos acuerdos transversales: es un artículo sobre la inconstitucionalidad de la violencia como mecanismo de acción política, que decía que eran inconstitucionales las agrupaciones o partidos políticos que propugnaran la violencia, o realizaran actos o conductas de violencia como mecanismo de acción política.
Los votos del Partido Comunista y del representante de pueblos originarios fueron en contra de esa disposición. Desde su punto de vista, estoy seguro de que justifican el voto, pero lo que quiero demostrar con este ejemplo es la dificultad de la transversalidad entendida como unanimidad, porque en algo que desde nuestro punto de vista resulta tan básico para la convivencia democrática, como es reconocer que la violencia no es un modo de hacer política, resulta que no concita el acuerdo de los 50 consejeros.
Bueno, lleva eso a otras discusiones, como la huelga o la manera de asegurar la salud, o cuál es el rol de las policías o de las Fuerzas Armadas, o cuál debe ser la posición del Gobierno respecto de la inmigración regular, etcétera. Es decir, todos los temas abiertos en la discusión constitucional concitan este nivel de desacuerdo, que puede ser más o menos transversal.
No, para nosotros el camino es terminar responsablemente lo que empezamos a recorrer. En mi caso, estoy hablando desde el día en que decidí ser candidato hasta el momento presente, y para mí esto extiende hasta el 17 de diciembre (...) Me voy a dedicar a compartir con todas las personas que quieran escucharme el por qué voy a votar como voy a votar, y por qué invito a votar de esa manera.
En principio estoy votando a favor, porque creo que lo que está quedando le hace bien a Chile. Yo entiendo que puede concitar muchas diferencias en muchos puntos con mucha gente, pero creo que cualquier persona que sin conocimiento de la Constitución vigente lea el texto aprobado por el Pleno, se va a dar cuenta de que es un texto que se hace cargo de la inseguridad, del estancamiento, de la inestabilidad política, y que por lo tanto, es suficiente para dar por superado este impasse constitucional, más allá de que muchas personas puedan sentirse también interpretados por las normas.
Sacar adelante una nueva Constitución, no sólo respondiendo por mí, que es mi responsabilidad como consejero constitucional, sino porque el mismo supuesto candidato presidencial, que sería José Antonio Kast, ha dicho que su capital político está completamente a disposición del éxito de este proceso, y en eso estamos comprometidos absolutamente.
