El notario Roberto Mosquera, cuestionado por autorizar 45 mil firmas de la candidatura de Franco Parisi, señaló que desconoce cómo 37 mil firmas aparecen validadas con su timbre siendo que sólo autorizó 7.653.
En el informe entregado a la Comisión de Ética de la Asociación de Notarios, Mosquera dice: "Desconozco de qué manera se autorizaron otras firmas de patrocinantes, con mi firma y timbre en períodos anteriores; esto es, durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año, las cuales no fueron autorizadas por mi notaría".
Además señaló que el 3 y 6 de marzo y 1 de abril no autorizó firmas, ya que estaba haciendo uso de "un permiso de verano" (vacaciones) que fue autorizado por la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que "queda de manifiesto la imposibilidad que tenía de autorizar las firmas que se me imputan, más aún cuando en esas fechas ni siquiera me encontraba en la ciudad de Santiago", declaró a El Mercurio.
Mosquera en tanto reconoce que autorizó 7.653 del período de junio, lo que consta "en las boletas que se entregaron" y en los depósitos en su cuenta corriente.
Notarios cuestionados por violar artículo 129
Tanto Roberto Mosquera como la notaria María Gloria Acharán, están siendo cuestionados por delegar funciones en subalternos, lo que violaría el artículo 129 de la Ley de votaciones populares.
Al respecto, Mosquera respondió que "el notario podrá dar fe de la identidad de los firmantes por medio de los funcionarios de la notaría, en cuanto las gestiones realizadas por estos le permitan acreditar la autenticidad de quienes concurren".
"En tales circunstancias, los funcionarios de la notaría se encuentran facultados para atender a quienes concurran a firmar documentos, por ser personal estable de la notaría y de confianza", indicó.
Por esto, las 7.653 firmas autorizadas por su notaría cumplen "con la exigencia legal de comparecencia personal de quienes firmaron, siendo debidamente verificada su identidad", por lo que no hay "delito o falta alguna".
Mosquero y Acharán prestaron declaraciones en la dependencias de la Corte de Apelaciones de Santiago ante la ministra Amanda Valdovinos y Carlos Gajardo respectivamente.