Con 80 votos a favor (varios de ellos oficialistas), 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la acusación constitucional que enfrenta el exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio) a propósito del sobrecobro en las cuentas de la luz.
La Sala discutió el libelo en una sesión especial que se inició a las 10:00 de la mañana, y en la que Pardow fue acompañado por los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob), Nicolás Grau (Hacienda) y Adriana Delpiano (Defensa).
El exsecretario de Estado decidió no deducir la cuestión previa y salir a refutar directamente el fondo de la acusación constitucional.
Cumplido este paso en el pleno de la Cámara Baja, la acusación constitucional avanzó al Senado, cuyos miembros deberán pronunciarse, como jueces, sobre la eventual responsabilidad política del frenteamplista el próximo martes: la mayor sanción en juego es la inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos.
Ante la Cámara Alta, el libelo será sostenido por los diputados Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN).
"El horizonte está en la defensa de los ciudadanos, y en una serie de actuaciones u omisiones que, a mi juicio, respaldan la decisión que tomé de apoyar esta acusación", comentó el diputado Mulet en esta jornada.
Durante el debate, varios diputados del pacto oficialista arremetieron contra Pardow, como Camila Musante (ind-PPD), quien aseveró que "no estaríamos en esta crisis de energía que ha reventado los bolsillos de las familias chilenas si es que el exministro hubiese sido transparente".
A su vez, René Alinco (ind-FRVS) apuntó que "en toda esta cháchara, el exministro y su abogado representante jamás han ofrecido disculpas", mientras que Mónica Arce (ind-DC) fustigó que "un ministro de Estado no puede darse el lujo de callar de manera tan cobarde".
Los argumentos de Pardow en la previa
El martes, la comisión revisora del libelo había recomendado a la Sala aprobar el juicio político contra Pardow, que ha defendido su decisión de no actuar ante el error metodológico que causó el cobro extra -desde 2017- en las tarifas eléctricas y por qué no comunicó la similar situación de Transelec, informada hace un año.
El otrora titular de Energía reiteró que ni él ni ningún ministro tienen la facultad de pedir a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que haga de nuevo el cálculo de las tarifas y que era mejor hacer una auditoría para investigar el efecto del error; y que, en el caso de Transelec, enfatizó que no dio a conocer la situación mientras no tuviera datos concretos para no generar alarma en la ciudadanía.
Francisco Cox, abogado defensor de Pardow, explicó que "pareciera ser que dado que la Comisión Nacional de Energía es parte del Ministerio de Energía, por lo tanto el ministro es su superior jerárquico y le puede dar instrucciones. Eso no es así. Y por ustedes no es así, por nuestro estado de derecho no es así, porque lo que queremos es que organismos técnicos funcionen técnicamente".
"Que el ministro de Energía tenga facultades en un año electoral de determinar las tarifas es abrir una puerta de la que nos vamos a arrepentir. Esto es justamente lo que pide la acusación constitucional", dijo Cox.
Pardow: "Lo que se escucha en la fundamentación de los votos son críticas políticas"
Una vez finalizada la sesión, Pardow fue consultado por el resultado, especialmente por el apoyo de algunos parlamentarios del gobierno a la acusación. El extitular de Energía restó valor a los argumentos esgrimidos en la Cámara, señalando que la decisión se basó en razones políticas y no jurídicas.
"Los diputados tienen una legitimidad democrática que viene de su propia elección. Esto vale tanto para Gobierno como para oposición, pero eso no significa que tengan razón. Lo que se escucha en la fundamentación de los votos son críticas políticas. Yo ya no soy ministro, pero me las tomo con la mayor humildad que me corresponde. No son un fundamento en una infracción constitucional", afirmó.
En ese sentido, Pardow manifestó su optimismo de cara a la etapa en el Senado: "Lo que espero es mostrar que los hechos que se imputan y las supuestas infracciones no son tales", señaló el exsecretario de Estado.
En una línea similar, la ministra vocera Camila Vallejo aseveró que "una injusticia no se resuelve con otra. Aquí hay una acusación constitucional que carece de todo mérito. Eso ha quedado demostrado en la excelente e impecable defensa que se ha argumentado el día de hoy".
"Es irrisorio que se quiera establecer responsabilidades constitucionales a un exministro de Estado sobre responsabilidades que son de organismos técnicos y que están establecidos en la ley", enfatizó.
Por su parte, el ministro Álvaro Elizalde explicó por qué el Gobierno se hizo cargo de la defensa del otrotra secretario de Estado: "Estamos hablando de una acusación que tiene origen en una persona que ejercía un cargo. La ley establece que en ese caso procede que se apoye la defensa correspondiente. Pero, como es una situación especial, se entregaron los antecedentes para que finalmente sea la Contraloría la que se pronuncie y nosotros vamos a actuar sobre la base de ese dictamen".
"Es algo doloroso"
El mismo martes, a la salida de la comisión, Pardow fue abordado por la prensa sobre el presunto conflicto de interés que tiene con la empresa eléctrica a través de su pareja, Catalina Iñiguez, que supuestamente es socia del estudio jurídico que representa a la firma.
"Cumplí íntegramente con las reglas de declaración de intereses de patrimonio y, en particular, también quisiera rechazar tajantemente la existencia de un conflicto de interés respecto de mi pareja. Ella nunca ha trabajado con Transelec ni antes que yo fuera ministro ni después", contestó Pardow, cuya defensa impugnó el cuestionamiento porque no forma parte de la AC.
"Esto es un caso entre empresas privadas que no tiene ninguna relación con la sobrevaloración de los activos por parte de Transelec y cuyo inicio y patrocinio es previo a que yo asumiera como ministro de Estado", afirmó.
Por último, reconoció que "le dolerá" perder su puesto de profesor en la Universidad de Chile, en caso de que el libelo sea aprobado en el Senado la próxima semana: "Mi vocación es la de una persona académica. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Chile desde el año 2008".
"Quedar inhabilitado de aquello obviamente es algo doloroso. No tengo ningún problema en admitirlo y, por lo tanto, voy a hacer todo lo posible por tratar de evitarlo", expresó.
