El ministro cuestionó la iniciativa aprobada en general por el Senado y advirtió que el texto podría favorecer a internos condenados por delitos de lesa humanidad.
El plazo para realizar modificaciones es hasta el 16 de marzo.
La aprobación en general del proyecto de ley que permite el cumplimiento de penas alternativas para reos de avanzada edad o con enfermedades crónicas se ha transformado en un nudo crítico que mezcla graves deficiencias técnicas en su redacción con una fractura política profunda, a solo días del cambio de mando.
El texto legal aprobado por el Senado el pasado miércoles causó una cascada de declaraciones politicas tanto de sectores oficialistas como de oposición.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, declaró que "su propósito deliberado es evidentemente otro: beneficiar a quienes están condenados por delitos de lesa humanidad. Personas que jamás han entregado un antecedente útil para saber dónde están (los detenidos desaparecidos). Este proyecto sencillamente suprime a las víctimas".
La autoridad del además remarco que se incorporan en el proyecto a "personas que han cometido delitos que el sistema institucional chileno considera extremadamente graves".
El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, también apuntó que el proyecto requiere "correcciones profundas" y debe volver a su carácter humanitario: "tiene que referirse a personas de alta edad, mayores de 75 años, con una enfermedad terminal, o cuyas capacidades mentales o sensoriales sean inhabilitantes", explicó.
Además, el fondo del proyecto generó un enfrentamiento directo entre la administración saliente y el Gobierno entrante. Mientras el presidente Gabriel Boric manifestó su esperanza de que el proyecto "no vea la luz" por considerarlo un retroceso en derechos humanos, el presidente electo José Antonio Kast defendió la iniciativa.
El senador socialista Fidel Espinoza increpó al futuro ministro José García Ruminot, recordando que la ley beneficiaría a reos de Punta Peuco: "Le vamos a recordar que lo que está haciendo atenta contra la memoria de quienes no vimos crecer a nuestros seres queridos".
El debate se mantiene abierto sobre cuántos reos saldrían realmente de prisión: mientras el Gobierno cifra los beneficiarios en 738, otros cálculos advierten que la ambigüedad del texto podría abrir las puertas de las cárceles a hasta 12.000 internos.
En el informe publicado el pasado 2025 a través del boletín de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, se valora la intención humanitaria del proyecto y destaca que se encuentra alineado con los estándareas internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, sin embargo, también plantea que puede entrar en tensión con obligaciones del Estado relativas a los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Respecto al segundo articulo, que permite la suspensión de penas por razones de salud, el organismo declaró "que no se definan claramente qué enfermedades califican ni cómo se comprobarían, lo que estima podría generar decisiones arbitrarias.", cuestionando "que no se indique cuánto tiempo duraría esta suspensión, ni sus efectos a lo largo del tiempo".
En total, el máximo tribunal realizó más de 100 indicaciones al proyecto que tiene plazo hasta el 16 de marzo para introducir cambios.
