La Corte de Apelaciones de Arica confirmó la decisión del Juzgado de Garantía de la ciudad de sobreseer a los cuatro defensores penales públicos imputados por "violación de secreto" al haber solicitado y accedido a la identidad de testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas en el marco de la causa Los Gallegos.
El tribuna de alzada rechazó, de manera unánime, la apelación presentada contra el fallo que dictó el sobreseimiento definitivo de los abogados defensores de los miembros de esta célula del Tren de Aragua que opera en el norte de Chile.
"Del mérito de los antecedentes (...) aparece de manifiesto la inocencia de los imputados, toda vez que en su actuar en la audiencia de 13 de septiembre del año en curso, como en los momentos posteriores a la misma, se limitaron a ejercer su función pública de forma minuciosa, velando por el derecho constitucional a la defensa efectiva de sus representados, conducta que, por lo demás, estaba amparada por una resolución judicial que accedió a sus peticiones", determinó la Corte ariqueña.
Además de esta acusación contra los defensores públicos, la revelación de las 56 identidades protegidas en este caso motivó la apertura de una investigación contra el juez Héctor Barraza, que el mencionado 13 de septiembre accedió a dicha solicitud, generando una ola de críticas del mundo político, incluido el Gobierno.