Los hechos ocurrieron entre junio del 2013 y mayo del 2016.
Cuatro fueron los sujetos declarados culpables en la oportunidad.
Cinco fueron los sujetos declarados culpables, mientras que un quinto fue absuelto.
Sorpresa generó tanto en la parte acusatoria como en le defensoría las penas establecidas en contra de los cuatro primeros declarados culpables por los delitos de asociación ilícita y tráfico de migrantes, en el marco de la denominada "Operación Desierto".
Los ciudadanos peruanos Reyna Huaringa, Yemeyel Morales, Kharlo Zárate y Kliver Zárate, fueron condenados a un total de 69 años de presidio efectivo, como miembros de la red de tráfico de personas más grande de Chile. El dictamen presentado por el Tribunal Oral en lo Penal de Arica sobrepasó con creces lo solicitado por la Fiscalía, en un caso que logró acreditar 89 víctimas de la organización criminal entre junio del 2013 y mayo del 2016.
En específico, Reyna Huaringa recibió cinco años y un día por asociación ilícita y 10 años por tráfico de migrantes reiterados; Yemeyel Morales recibió sentencias de 10 y 12 años; Kharlo Zárate recibió 6 y 11 años; mientras que Kliver Zárate obtuvo 5 y 10 años.
Al respecto, el fiscal Daniel Valenzuela señaló tras la lectura de sentencia que el proceso logró acreditar la intervención de la banda en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia; trasladando a ciudadanos dominicanos hasta nuestro país a cambio de una suma entre los 700 y los 3.000 dólares y con promesas de visa de trabajo.
"Lo vemos con bastante satisfacción. No es fácil conseguir este tipo de penas. Hay que considerar que tres de los imputados no tenían antecedentes policiales, sino que una irreprochable conducta anterior, y aún sabiendo eso se logró la condena establecida", señaló.
Compensación a las víctimas
El Tribunal decidió acoger de manera parcial la demanda civil presentada por el servicio regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Jesuita al Migrante, obligando a los culpables a pagar una indemnización de cuatro millones de pesos a 12 de las víctimas de la red criminal.
En total, fueron 60 las personas que presentaron el recurso, de las cuales cerca de 50 entregaron declaración durante el juicio. Debido a que muchos de ellos retornaron a República Dominicana, a través de la embajada de Chile en dicho país fue realizada una serie de video conferencias, que permitieron escuchar los testimonios de las víctimas.
Desde la defensa, en tanto, indicaron que la base de la apelación se sustentará en la posibilidad real de juzgar este tipo de delitos en Chile, debido a que ninguno de los casos involucra a un ciudadano chileno o tuvieron inicio en nuestro país.
"Tenemos que analizar como Defensa si el Tribunal se hizo cargo o no de si tiene competencia un tribunal chileno para juzgar una conducta que se despliega en Perú, por peruanos y con víctimas que son extranjeras. Precisamente en esta causa, no hay ningún chileno ni como víctima ni como imputado, esa es la pregunta que al final del día tenemos que verificar", explicó el defensor penal público de Arica y Parinacota, Richard Salazar.
