El Ministerio del Interior evalúa solicitar que el juez de garantía Luis Muñoz se inhabilite en la causa que destapó la denominada "Operación Diamante Verde" en Ovalle, Región de Coquimbo, tras liberar bajo fianza a 23 presuntos narcotraficantes.
A través del mentado procedimiento, la PDI incautó 283 millones de pesos en efectivo, 1.600 kilos de cannabis, 111 kilos de droga procesada, vehículos, armas y municiones, de manera que la banda fue acusada de los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
No obstante, el magistrado rechazó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva de la manera en que había sido solicitada por el Ministerio Público y, en cambio, autorizó que los imputados pudiesen obtener su libertad previo pago de una caución de dos millones de pesos.
La Corte de Apelaciones de La Serena revirtió la decisión el martes, a pedido de la Fiscalía Regional de Coquimbo, al conceder una orden de no innovar que determina mantener a los 23 imputados en prisión mientras resuelve el fondo del recurso, e instruyó despachar órdenes de detención contra quienes ya hubiesen pagado.
En ese marco, Carabineros detuvo este miércoles a una mujer de 25 años, sindicada como integrante de esta agrupación criminal, en la localidad de Guanaqueros, mientras que los otros 22 sospechosos permanecen prófugos.
"QUEDÓ EN UNA POSICIÓN FRÁGIL"
El juez fijó la polémica caución tras sostener que "estamos simplemente frente a un delito de tráfico en el cual participan distintas personas", dado que la adquisición de bienes por parte de los imputados "no es fundamento para dar por acreditado que se esté lavando el dinero", y que por lo demás, desde la Fiscalía "tampoco se ha justificado suficientemente que exista una organización".
Según El Mercurio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó en la víspera que "nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo" de esta causa, considerando que "ha quedado en una posición frágil" al haber mostrado "una opinión que ya tiene en relación con la investigación, que muestra que no le tiene mucha fe".
Este jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó durante un punto de prensa que su cartera decidió presentar una querella en este caso, y descartó que la posible gestión adicional signifique "un problema entre poderes del Estado; estamos usando las herramientas que dan la Constitución y el Estado de Derecho".
"El Ministerio del Interior, por razones de seguridad y de orden público, puede querellarse y como querellante, puede pedir medidas. Una de esas, que tendrá que evaluarla en detalle el equipo jurídico que está representando al Ministerio, eventualmente podría ser la inhabilidad del juez, pero eso tiene que evaluarlo jurídicamente, porque este es un litigio judicial", remarcó la autoridad.
Monsalve estimó que "los delitos por los cuales (los prófugos) están imputados son graves", y evidencian la existencia de una estructura criminal, "y desde esa perspectiva, sólo quiero reiterar que nos parece que desde el inicio debió haber prisión preventiva, porque es evidente el riesgo para la sociedad".
