Uno de los cinco integrantes del Tren de Aragua que fueron liberados bajo fianza desde la Cárcel de Alta Seguridad, producto de una polémica decisión del Tribunal de Garantía de Los Vilos dictada el lunes, se entregó voluntariamente a la PDI la medianoche de este jueves.
Se trata de un hombre de 27 años, identificado con las iniciales F.J.T.T., que arribó al cuartel de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) de esa misma comuna, después de que se destapara la controversia por la rebaja de medidas cautelares de estos implicados, que estaban en prisión preventiva desde fines de 2023, encausados por delitos de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita, cometidos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
Luis Romero, perfecto provincial Chopa de la PDI, detalló que "en el contexto de las intensas diligencias que ha desarrollado la PDI para dar con el paradero de estas personas, detectives de la Brigada Antinarcóticos contra el Crimen Organizado de la ciudad de Los Vilos, lograron establecer comunicaciones con el abogado defensor de uno de los imputados, logrando la detención de este y la entrega en el cuartel policial de dicha ciudad".
Finalmente, el presunto criminal volvió a prisión preventiva tras el nuevo control de detención que enfrentó este jueves por la tarde.
El detective recalcó que "existe en este momento un esfuerzo coordinado a nivel nacional para poder dar con el paradero del resto de la estructura criminal del Tren de Aragua", añadió.
La cuestionada decisión fue resuelta por la jueza Daniella Pinto, luego de que la defensa de los imputados ofreciera pagar una caución de cinco millones de pesos por cada uno, a cambio de la adopción del arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.
Si bien la magistrada concedió la rebaja, planteó que esta se sustentó en que el Ministerio Público no aportó mayores antecedentes respecto de la peligrosidad de los sujetos, y fustigó directamente el actuar "impresentable" por parte del fiscal jefe de Los Vilos, Patricio Jory.
Posteriormente, el ente persecutor pidió revertir la resolución del juzgado a la Corte de Apelaciones de La Serena, que durante la tarde de este miércoles la revocó, en vista de que los antecedentes que llevaron a decretar la máxima cautelar en primera instancia no habían cambiado.
De todos modos, el Ministerio Público abrió una investigación administrativa interna a raíz del oficio de la jueza de garantía, con el fin de para determinar por qué su representante no apeló verbal e inmediatamente en la audiencia.
Luego, cuando la policía fue a buscar a los imputados a los domicilios que habían registrado ante la Justicia, no fueron encontrados. En ese marco, la Interpol emitió una orden de captura internacional contra los otros cuatro prófugos.
TOHÁ: HUBO FALENCIAS QUE LOS ORGANISMOS DEBEN EVALUAR
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), Los organismos que participaron de esa audiencia, quienes piden y quienes deciden, corresponde que hagan la evaluación de cómo cada una de estas instituciones actuó".
"Como Gobierno expresamos, como lo hemos hecho otras veces, nuestra preocupación por decisiones de este tipo cuando se trata de grupos criminales que tienen los antecedentes que tenía este, y de personas que, en casos similares, ya han tenido comportamientos de fuga. Entonces, nos preocupa y nos sorprende que en un caso en que tan evidentemente iba a pasar esto, se tomó una decisión de este tipo. Ahí ciertamente hubo falencias que tendrán que evaluar los organismos", sostuvo.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, explicó que "ha dispuesto la realización de una investigación administrativa en la Fiscalía de los Vilos ante lo ocurrido en la audiencia: esta medida busca establecer el nivel de cumplimiento de las directrices enviadas con anterioridad, para la debida preparación de la audiencia por parte de fiscales y abogados asistentes".
"Junto a esa medida administrativa para ver qué ocurrió al interior de la Fiscalía y que nos hacemos cargo, tomamos decisiones rápidas respecto a la causa misma", relevó.
Pese a ello, un hecho cierto es que la apelación terminó resolviéndose casi dos días después de la cuestionada audiencia en el Juzgado de Garantía.
Desde el Congreso Nacional, el diputado RN José Miguel Castro, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, consideró "inaceptable" la liberación de estos imputados, atribuyéndola a "la inoperancia que tuvo un fiscal y también por la decisión de una jueza", y pidió "máximas sanciones" para el persecutor.
En cuanto a los sujetos que están prófugos, dijo esperar que las policías los detengan "antes de que se fuguen del país; no nos olvidemos que este tipo de grupos tienen un alto nivel de patrimonio y mucha logística, así que tienen que ser atrapados lo antes posible, pero esto no puede volver a pasar".
