Los interrogatorios al ex administrador municipal Ulises Aedo y la empresaria de buses Silvana Ríos marcaron el cierre de la primera semana del juicio por el caso de fraude al Fisco en Chillán Viejo, tras la supuesta pérdida de 82 millones de pesos desde las arcas municipales.
Las seis primeras jornadas estuvieron centradas en los alegatos de apertura y las declaraciones de cuatro de los diez imputados, donde la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han pretendido acreditar que hubo acciones que incurrieron en delitos de fraude al Fisco.
Las entidades persecutoras sostienen que hubo acuerdo entre funcionarios y proveedores para triangular dineros, a través de la duplicación de cartas con solicitudes de dirigentes comunitarios, falsificación de firmas, y así decretar nuevas órdenes de pago por conceptos de viajes, compra de tortas, cajas de alimentos entre otros, que nunca habrían llegado al destino o que se desviaban.
Rol del ex administrador municipal
Ulises Aedo, el ex administrador, se encuentra vinculado a los cuatro grupos de imputaciones, quedando expuesto a una pena que podría alcanzar los 25 años de presidio, de confirmarse la existencia de delitos en cada uno de los hechos investigados dentro de la causa.
Aedo sostuvo, en más de tres horas de interrogatorio, que no hubo irregularidades en la contratación y el cumplimiento de funciones de la profesional Lya González, así como tampoco delitos en los otros hechos, donde le correspondía firmar decretos de pagos a proveedores, por delegación del alcalde.
"Se trataba de actuaciones legales y decretos que cumplieron con todos los rigores de control que tiene un municipio; no obstante es importante precisar que los administradores municipales no participamos en procesos de compras", subrayó.
Buses Ríos: la imputación externa
La empresaria Silvana Ríos, es la única imputada externa al municipio. La Fiscalía sostuvo que se habría coludido con los funcionarios para efectuar cobros por servicios de trasportes que nunca se habrían realizado, en el marco de una supuesta relación de afinidad política.
Silvana Ríos argumentó que la relación de su empresa con el municipio era comercial, que recién en el juicio conoció al resto de los imputados y que su orientación política es más bien cercana a la derecha, motivo por el cual nada sostendría la tesis del persecutor.
Al término, su abogado Rodrigo Vera, señaló que "en la carpeta del caso hay antecedentes suficientes que acreditan la falta de sustento de la teoría que defiende el Ministerio Público. Además tenemos prueba documental ofrecida".
