El Tribunal Electoral Regional de O'Higgins resolvió remover de su cargo al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien está en prisión preventiva tras ser imputado por delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado reiterado.
De acuerdo al fallo, ha incurrido la causal de cesación del cargo de alcalde por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa contemplada la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
La resolución fue adoptada por el TER, el que acogió parcialmente la denuncia de cuatro concejales.
El concejal Emerson Avendaño (Independiente-Frente Amplio), actual alcalde suplente, aseguró que "nos deja bastante satisfechos de este trabajo constante de dos años, donde hemos presentado distintas causas, a distintas instancias, llegue a este resultado. Nos da una garantía de que realizamos una buena fiscalización, y si bien esto es algo histórico, algo de alegría, no nos puede satisfacer como comunidad".
"Esto no puede volver a pasar, por eso es importante que esto genere un precedente de que nunca más y que cada municipio y cada concejal a lo largo de Chile pueda hacer una fiscalización constante, porque es garantizar los recursos públicos de todos", complementó el edil.
Por su parte, el concejal Hugo Guzmán (Ind.) indicó que "me parece del todo razonable y esperado. Soy uno de las cuatro personas que presentó este requerimiento (...), presentando pruebas contundentes, un relato coherente y no teníamos ninguna duda de que este tribunal iba a fallar en favor de nosotros".
Asimismo, consignó que "esto es un avance para la democracia, en el sistema político judicial y es un ejemplo, y esperamos que sirva de ejemplo para cualquier alcalde o cualquier autoridad que pretenda dañar nuevamente la fe pública. Y finalmente llegó a buen término y lo que nosotros esperábamos que se hiciera justicia".
La defensa de Juan Ramón Godoy barajaría la posibilidad de apelar al fallo, ya que además quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos durante cinco años. En tanto, una vez removido de su cargo, se procederá a nombrar a su reemplazante en conformidad a la ley.
