La Fiscalía reformalizó y luego acusó –en el marco de un procedimiento abreviado- a dos de los tres funcionarios imputados en la causa "Horas extras" que involucra a la administración municipal de Virginia Reginato en Viña del Mar.
De esta manera, tras la investigación hecha por el Ministerio Público se acusó a Pablo Staig, exdirector (S) de Administración y Finanzas y exadministrador municipal, y a Manuel Etcheverría, exdirector del Departamento de Finanzas, de un fraude al fisco de 9 millones 404 mil pesos que se le pagaron a 41 funcionarios entre julio de 2014 y marzo de 2015.
Lo anterior, pese a que el monto inicial imputado en 2020 era de 56 millones de pesos por concepto de horas presuntamente mal pagadas a más de 400 funcionarios, variación que significó la reformalización hecha este martes.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Patricio Toro, señaló que los acusados actuaron conjuntamente pagando "improcedentemente" horas extras a funcionarios de planta y contrata "no obstante no corresponderle pagos por dichos conceptos en relación a la imposibilidad física de realizarlas al encontrarse los beneficiados ausentes por permisos administrativos, licencias médicas o feriados legales, principalmente".
Toro agregó que "procedía el pago proporcional (de horas extras) por ausencias, exclusivamente para aquellos que –de acuerdo a lo resuelto por Contraloría- estaban incorporados a un sistema de turnos o que de manera excepcional se encontraran insertos en un programa de trabajo que permitiera mantener la continuidad de la prestación de la función pública".
"Ese trabajador podría, incluso, haber trabajado sin dormir"
De esta manera, es que de los cuatro anexos con pagos supuestamente irregulares, en el transcurso de la investigación se descartaron tres, precisó el persecutor.
"Se tuvo certeza absoluta de que solo el anexo 2 no ofrece ninguna duda respecto de su absoluta e irregular procedencia respecto del pago de horas extras porque físicamente eran imposibles de realizar y porque además esos funcionarios no estaban sujetos ni al sistema de turnos ni a un sistema compatible con un sistema de turnos", dijo Toro.
Respecto de ese anexo, "lo que se hizo con la Contraloría es establecer los días que el trabajador tenía disponibles para trabajar. De las 24 horas que compone el día, se le descontó una o una y media de horario de colación y todo el resto lo dejó disponible para ejecutar sus trabajos normales o extraordinarios".
De forma ejemplificadora, Toro tomó el caso de una funcionaria de la unidad de Ceremonias y Protocolo: "Se hace una sumatoria de las horas ordinarias y las extraordinarias, hay un total que son 124, pero se contrastan esas 124 con las horas que tenía disponibles para trabajar en ese mes, que en el caso de, por ejemplo, Marcela Marín, eran 23. Ahí se aprecia esta diferencia de 101 horas".
"Ese trabajador podría, incluso, haber trabajado sin dormir, exagera en el fondo el cálculo, llega al extremo", dice Toro, quien precisó que el pago de horas extras investigado corresponde "entre el 50 y 130% respecto de las remuneraciones brutas del trabajador".
Los tres anexos descartados
En cuanto al resto de los anexos, Toro indicó que el 3 estaba compuesto por unos 400 funcionarios y "ahí Contraloría aplicó una fórmula de cálculo distinta para llegar a esta conclusión de que había horas extras que no procedían. Es la de agregar o descontar, además de la hora de colación o de traslado, también horas de descanso (...).. Fue considerada la posibilidad de que efectivamente esos funcionarios no hayan descansado o se haya vulnerado su derecho a descanso de las 9 horas o más, puede ser".
En cuanto al anexo 7, dice el fiscal Toro, dice relación con pagos retroactivos de horas extras suspendidas a través de recursos judiciales: "Se produjo un conflicto: se le debería pagar a todos los funcionarios recurrentes o también a otros que estuvieran en la misma situación y es ahí donde la Municipalidad incurrió en una irregularidad –así lo detectó Contraloría- de pagar a más funcionarios de los que correspondían, pero como fue una materia debatible en tribunales, donde se acogieron esos recursos y se les tenía que pagar esas horas extras que le fueron suspendidas, luego por criterio de la Contraloría –a partir de esas resoluciones judiciales- se puede entender que era extendible el pago de horas extras a otros funcionarios"
"Entonces, ahí hay duda de la procedencia del pago y la Fiscalía optó por no continuar con la acusación respecto de ese anexo", indicó el representante del Ministerio Público.
En cuanto al último anexo descartado, el 8, Toro sostuvo que se trata de horas proporcionales a un número acotado de funcionarios, "pero las funciones que integran esta nómina podría entenderse que caben dentro del criterio que ejercen funciones no por sistema de turnos, pero cumplen funciones urgentes, necesarias, importantes, impostergable".
Rango mínimo de pena
Tras exponer los hechos, Toro explicó que si bien incurre la agravante de cometer el delito en forma reiterada, también le asisten a los imputados dos atenuantes: someterse a un procedimiento abreviado y la irreprochable conducta anterior.
En ese sentido, Fiscalía solicitó penas dentro del rango mínimo pidiendo 541 días de presidio –pena que se podría cumplir de forma sustitutiva- junto al pago de una multa del 50% de lo defraudado, como también la inhabilitación para cargos públicos.
A lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado adhirió en su totalidad, mientras que para este miércoles quedó programada la exposición de los querellantes en la causa.
